La presión ejercida por el paro nacional de transportistas y agricultores, realizado entre el 24 y el 27 de noviembre, forzó al Gobierno federal a negociar. Por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario Omar García Harfuch se comprometió a un plan de acción para fortalecer la seguridad carreteras transportistas México, una de las demandas clave del sector.
Compromisos de la SSPC para fortalecer la seguridad
El sábado 29 de noviembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo un encuentro con representantes de los transportistas, sellando un compromiso gubernamental tras los diálogos previos con la Secretaría de Gobernación (Segob).
En un mensaje compartido a través de la plataforma X, Harfuch indicó que la reunión se llevó a cabo por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, estableciendo el objetivo de “fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.
Los acuerdos de la SSPC y sus aliados incluyen:
- Reforzar los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación.
- Dar seguimiento activo a las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías.
- Fortalecer los operativos en los tramos federales con mayor incidencia delictiva.
- Integrar acciones específicas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender las denuncias por este delito.
El funcionario aseguró la continuidad del diálogo, prometiendo mantener reuniones constantes con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte con el fin de “dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.
Contexto del paro nacional y el rol de Segob
El acuerdo entre el Gobierno federal y el gremio transportista se concretó después de un paro nacional que duró del lunes 24 al jueves 27 de noviembre. Esta movilización, que incluyó a agricultores, afectó diversas vialidades y bloqueó aduanas fronterizas en todo el país.
El viernes, la Secretaría de Gobernación (Segob) comunicó que el conflicto con transportistas que han bloqueado varias carreteras del país “ya va de salida”, después de la reunión sostenida el jueves con los grupos inconformes. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, confirmó la estrategia de diálogo.
Las mesas de trabajo y la gestión del conflicto
La Secretaría de Gobernación explicó en un comunicado la instalación de tres mesas de trabajo cruciales para desarticular la protesta:
- Seguridad en carreteras: Enfocada en la principal preocupación de los operadores de transporte, quienes denunciaron extorsiones y riesgos constantes en diversos tramos federales.
- Programas agrícolas: Para atender las problemáticas relacionadas con el funcionamiento de los programas agrícolas.
- Nueva ley de aguas: Abrió un espacio para atender dudas y observaciones en torno a la nueva Ley de Aguas.
La titular de Segob informó que las reuniones incluyeron un informe sobre las fechas en que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acudiría a los estados para atender cada pliego petitorio. Además, reiteró que los apoyos gubernamentales se entregarán “directamente a los beneficiarios”, sin intermediarios.
Demandas clave de transportistas y agricultores
El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, anunció el retiro de los bloqueos tras el acuerdo preliminar alcanzado el jueves. Si bien Estévez señaló que el gremio no estaba “totalmente satisfecho”, lograron el compromiso gubernamental de atender la inseguridad en las carreteras del país.
Exigencias en las vialidades
La principal exigencia de los operadores de transporte es la mejora urgente de la seguridad en las vialidades, tras el aumento de crímenes y desapariciones de transportistas en distintos estados del país.
El sector agrícola y la Ley de Aguas
Por su parte, los agricultores manifestaron demandas específicas:
- Precios más justos para sus producciones.
- Que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas.
La controversia sobre la Ley de Aguas radica en que, de aprobarse, las concesiones para el uso del recurso hídrico ya no podrán ser intercambiadas entre particulares. La ley obligaría a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fuera la responsable de distribuirlas de nuevo. El análisis de esta ley fue trasladado a la Cámara de Diputados.
En este contexto de tensión, Ricardo Monreal instó a los actores políticos a “no provocar rispideces” y urgió al diálogo como la única vía para solucionar el conflicto con transportistas.
El Gobierno federal logró desactivar el paro nacional ofreciendo respuestas tangibles a la crisis de seguridad que padece el autotransporte y abriendo mesas de diálogo para el sector agrícola. No obstante, la verdadera prueba de fuego no radica en la firma de acuerdos, sino en la capacidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Guardia Nacional y Segob, de materializar las promesas de paz en las carreteras que, históricamente, han sido un termómetro de la ingobernabilidad en México.
