La noche de este martes, la Secretaría de Gobernación se convirtió en el epicentro de una negociación tensa. Productores de maíz de la región de El Bajío, manteniendo bloqueos carreteros desde hace 24 horas, forzaron al gobierno federal a retomar el diálogo. La condición fue estricta: las mesas de trabajo solo avanzarán si se retiran las protestas viales.
La reanudación del diálogo y las figuras clave
El encuentro, que comenzó alrededor de las 9 de la noche del 28 de octubre de 2025 en la Ciudad de México, reunió a los representantes de los agricultores, quienes exigen un precio base de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano, con autoridades federales en el Palacio de Cobián.
Se confirmó la presencia esperada de figuras centrales en la administración federal:
- Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
- César Yáñez, subsecretario de Gobernación.
Previamente, el titular de la Sader informó en sus redes sociales sobre los esfuerzos coordinados con los estados más afectados. Berdegué y Yáñez dialogaron con los secretarios de Gobierno de las entidades clave: Salvador Zamora (Jalisco), Jorge Daniel Jiménez (Guanajuato) y Raúl Zepeda (Michoacán).
El objetivo principal, según declaraciones de Berdegué, es mitigar el impacto en la ciudadanía. «Estamos ocupados en atender la comercialización de maíz y las afectaciones a las y los ciudadanos en las carreteras”, puntualizó el funcionario.
A las afueras de la Segob, aproximadamente 30 agricultores de maíz aguardaban los resultados de la negociación crucial.
El pliego petitorio: precios y mediación obligatoria
Los representantes agrícolas del Bajío, región central en la producción de maíz, llegaron a la Segob con una serie de puntos no negociables, enfocados en rechazar la propuesta inicial del gobierno y obtener garantías de estabilización de precios y apoyos.Puntos principales de la negociación:
- Rechazo al precio base: Exigen que el gobierno federal no publique el precio base de 5 mil 200 pesos por tonelada que propuso el día anterior.
- Aumento del apoyo conjunto: Aunque reconocieron que el apoyo conjunto de 850 pesos (gobierno federal y estados) es un avance, señalaron que «no resuelve» la problemática. Por ello, solicitarán que dicha ayuda se incremente en mil pesos adicionales.
- Mediación federal: Proponen que la Federación actúe como un intermediario activo para establecer mesas de negociación permanentes entre los agricultores y los líderes de la industria del maíz y la harina.
- Reglas de operación claras: Piden el establecimiento de mesas de trabajo específicas con el gobierno para definir las reglas de operación necesarias para que los productores puedan acceder a los apoyos ofrecidos de manera transparente y eficiente.
Tensión por los bloqueos carreteros
Las movilizaciones de los productores agrarios han generado un impacto significativo en la infraestructura vial nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que las movilizaciones han provocado hasta 33 cierres en carreteras. Además, se han reportado afectaciones en 13 plazas de cobro, paralizando el tránsito en puntos vitales.
Aunque se han reportado avances, como el acuerdo de tregua para abrir un carril en los puntos de bloqueo y la reapertura de al menos cinco carreteras a la circulación, la amenaza de una nueva ola de cierres se mantiene latente.
En breves declaraciones antes de ingresar a la Segob, los agricultores reconocieron su voluntad de avanzar en el diálogo y reabrir las vialidades en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, pues su principal objetivo es no afectar a los ciudadanos. No obstante, señalaron que la «molestia de compañeros agrícolas” se ha generalizado, lo que genera el temor de que no todos los involucrados accedan a reabrir las vialidades, manteniendo así la presión sobre las autoridades federales y estatales en las horas venideras.
La crisis del maíz desnuda la fragilidad de las cadenas de comercialización y la urgencia de establecer mecanismos que garanticen la rentabilidad del campo. Mientras los productores exigen 7 mil 200 pesos por tonelada y el gobierno solo ha puesto 5 mil 200 pesos sobre la mesa, la brecha económica sigue siendo un abismo. ¿Será suficiente la mediación de la Segob para desactivar una protesta que ya ha impactado 33 puntos carreteros cruciales en El Bajío?
