Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de Morena en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobó la minuta con proyecto de decreto de la Ley de Amnistía y la envió al pleno para su discusión.
De concretarse el proyecto de decreto se abre una posibilidad al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva de lograr la libertad, tras varios años de reclusión tanto en penales de México como en Estados Unidos y que no lo ha logrado a pesar de pedir amnistía a varios presidentes de la República.
En una reunión de apenas una hora, sin la presencia de los partidos de oposición PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, los senadores de Morena y PT, que integran las comisiones, avalaron el dictamen con 16 votos a favor, nueve de la comisión de Gobernación y siete de la de Estudios Legislativos Segunda.
Algunos con cubrebocas y otros con paliacates, como los morenistas Jesusa Rodríguez y Félix Salgado Macedonio, los legisladores acudieron a la reunión extraordinaria en medio de la pandemia por el covid-19 para cumplir con la solicitud en días pasados del presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar la ley que busca reducir la sobrepoblación penitenciaria otorgando amnistía a personas presas por delitos no graves, no son reincidentes y a quienes no se les haya garantizado al debido proceso.
“Se propone decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas, o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentencias”, leyó en el dictamen el presidente de la comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias.
Desplegado
Los coordinadores de los partidos de oposición en el Senado firmaron un desplegado en la víspera para anunciar que no acudirían a la sesión del pleno de este lunes si no se integraba a la orden del día la discusión de una estrategia de salud para enfrentar el COVID-19, “sus resultados y las medidas que se deben tomar ante el inminente agravamiento de la pandemia”.
“Nos convocan a asistir a la sesión sólo para levantar o no levantar la mano. Les hemos señalado que, si consideran que en la pandemia es relevante el tema de la amnistía, para nosotros es igualmente importante y tiene mucho mayor relevancia la necesidad de deliberar y adoptar resoluciones para fortalecer la capacidad de hacerle frente a la emergencia con determinaciones políticas, legislativas y parlamentarias de emergencia en materia de salud, de economía y de seguridad”, afirmaron.
Además, en la carta dirigida al presidente, señalan que la propuesta de liberar a presos para despresurizar las cárceles no requiere pasar por un proceso legislativo, pues como Ejecutivo cuenta con atribuciones para liberar a personas en reclusión, mediante la libertad anticipada o la libertad condicionada y el indulto.
“Lograrlo está en sus manos. Sería más rápido y más eficiente, porque, en este momento, ya estarían en sus casas”, añadieron.
La Ley de Amnistía ya fue avalada por la Cámara de Diputados en diciembre pasado e incluye a personas que se encuentran presas por delitos del fuero federal como aborto en cualquiera de sus modalidades, personas que cometieron robo simple sin violencia, narcomenudeo por situación de pobreza y a indígenas a quienes no se les haya garantizado al debido proceso.
Alcance
De acuerdo a las estimaciones del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, tan sólo un 10 por ciento de las personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal, que se encuentran en centros federales o estatales, pueden ser candidatas al beneficio de amnistía. Esto representa a 4 mil 600 personas.
El representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, hizo un llamado el pasado 15 de abril al Senado a aprobar, “con la mayor celeridad posible”, el dictamen de la Ley de Amnistía.
“El proyecto de Ley de Amnistía aprobado por la Cámara de Diputados, si bien tiene un alcance limitado a las personas privadas de la libertad bajo el fuero federal, podría constituir una solución parcial a la situación de dichas personas en los centros federales, además de ser un incentivo para que las autoridades de las entidades federativas adopten medidas similares en los centros de reclusión bajo su jurisdicción”, dice el pronunciamiento enviado al Senado.
Con información de proceso.com.mx
