Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Al quedar suspendido por tiempo indefinido “el Plan B” de la Reforma Constitucional en Materia Electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió una vez más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es parte de “la mafia del poder”.
En consecuencia, reconoció que puede ser desestimado.
El ministro Javier Laynez Potisek dio entrada a la Controversia Constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y normatividad secundaria, y paralelamente concedió suspensión que practicamente deroga la desestructuración del órgano electoral.
En consecuencia, el INE continuará en operación como hasta ahora.
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Anteriormente la SCJN ha tomado determinaciones similares por la posible existencia de mecanismos que pudieran vulnerar garantías individuales.
El caso actual presenta posibles agravios a los derechos político-electorales de los ciudadanos, refirió la SCJN.
La controversia promovida por el INE se fundamenta en la existencia de intereses ajenos a la democracia y derechos ciudadanos, pues no fue analizada a fondo por los órganos legislativos, pues no se respetó el principio de publicidad y se coptó la participación de las fuerzas políticas de oposición.
Asimismo, se adujo hay violaciones a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral (SPE) del INE, y de la propia ciudadanía.
Por tanto, al considerar que el Plan B, publicao el 2 de marzo, tiene problema de origen, será invalidado, confió el Consejo General del INE, mediante la controversia.
El Proceso Electoral Federal Concurrente 2023-2024 iniciará el próximo 1 de septiembre.
La SCJN no está obligada a resolver la Controversia Constitucional 90 días antes de tal fecha, porque este límite solo aplica para la publicación de leyes nuevas.
Cuando se trata de anulación de normatividad electoral, la SCJN instruye la aplicación de la Ley anterior.
En su visita a Quintana Roo para supervisar el avance de las obras del Tren Maya, que consideró presentan avances, López Obrador reconoció que su “Plan B” puede ser desechado por la SCJN.
Porque tal órgano jurisdiccional es parte del grupo que se opone al avance de México y mejora de calidad de vida de la población, aseguró.
“Si pueden (anularle) porque son parte de la mafia del poder, al igual que Ciro, Lorenzo y Claudia”, acusó.
Posteriormente se trasladó vía aérea a supervisar las obras de los tramos 5 y 6 del Tren Maya, ubicados entre Cancún y Felipe Carrillo Puerto.
El Ejecutivo Federal y los cuerpos colegiados legislativos pueden impugnar la validación de la controversia.
Sin embargo, el proceso puede dilatar semanas.
No debe perderse de vista que la SCJN entra en receso el 15 de julio.
Aunque probablemente antes de esa fecha haya pronunciamiento al respecto.
Respecto a “la militarización” de Calica, López Obrador manifestó fue necesaria para evitar la extracción de recursos propiedad de la Nación.
