
El tiempo no borra la deuda. A casi dos décadas de la represión en Atenco, la justicia para 11 mujeres víctimas de tortura sexual sigue sin llegar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido frenar, “por el momento”, el cumplimiento de la sentencia internacional que exige la reparación integral del daño.
SCJN y Atenco: una decisión que posterga la justicia
El contexto de la represión en Atenco
En mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, fuerzas policiales mexicanas llevaron a cabo operativos violentos que resultaron en detenciones arbitrarias, tortura física y sexual contra manifestantes, incluyendo 11 mujeres que denunciaron abuso.
El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica: el Estado mexicano fue hallado responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Entre las medidas ordenadas destacaban la investigación y sanción de los responsables, atención a las víctimas y reformas en protocolos policiales.
La decisión reciente de la SCJN
Este lunes, la SCJN resolvió que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene la obligación inmediata de cumplir con dicha sentencia. Bajo el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, el pleno concluyó que antes de cualquier actuación judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) debe concluir la investigación sobre los hechos de Atenco.
“El juzgamiento de los responsables está condicionado al resultado de las investigaciones”, afirmó Pérez Dayán durante la sesión.
Las implicaciones de postergar el cumplimiento
Coordinación estatal: el desafío de cumplir la sentencia
La ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatizó que el cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH recae en el Estado mexicano en su conjunto, no solo en un poder aislado. Para la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la falta de coordinación institucional es un riesgo que podría profundizar la impunidad.
- Cumplir la sentencia requiere actuación de la FGR, el Poder Judicial, el Ejecutivo y organismos de derechos humanos.
- Las víctimas siguen sin acceso pleno a la reparación ni a las garantías de no repetición.
La herida de la impunidad
La ministra Lenia Batres Guadarrama fue contundente: “La impunidad en Atenco es una herida abierta para México”. Su declaración resume el sentimiento de frustración y dolor que prevalece entre las víctimas y sus familias.
La SCJN, aunque retomó criterios anteriores para guiar a las autoridades competentes, optó por no exigir acciones inmediatas, prolongando un proceso que ya carga con casi 19 años de demoras.
La sentencia de 2018: un mandato claro
Medidas ordenadas por la Corte IDH
La sentencia de la Corte IDH de 2018 estableció:
- Investigación y sanción a todos los responsables.
- Atención médica y psicológica gratuita a las víctimas.
- Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
- Reformas en el uso de la fuerza y capacitación en violencia de género.
- Creación de mecanismos de supervisión en operativos policiales.
- Indemnización económica para las víctimas.
El incumplimiento como riesgo para México
El Estado mexicano, al demorar el cumplimiento de las medidas, no solo pone en riesgo su credibilidad internacional, sino que también afecta su compromiso con la protección de los derechos humanos.
- La Corte IDH puede ordenar nuevas medidas o imponer sanción simbólica.
- El prestigio internacional de México en materia de derechos humanos se ve cuestionado.
Un caso que resuena en la memoria colectiva
El peso simbólico de Atenco
El caso Atenco es más que un expediente judicial: es un recordatorio de los límites de la protesta social y la respuesta autoritaria del Estado. Cada día de demora en la justicia refuerza el mensaje de que las víctimas pueden ser olvidadas.
Conclusión: La deuda de Atenco persiste
La decisión de la SCJN de frenar el cumplimiento de la sentencia internacional de Atenco subraya la complejidad de alcanzar justicia en México. Aunque argumentada legalmente, la postergación perpetúa la impunidad y desdibuja los compromisos asumidos ante organismos internacionales.
Mientras las instituciones debaten, las víctimas continúan esperando la reparación integral que les fue prometida. Atenco sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país.