Austeridad en la SCJN: el adiós silencioso a una secretaría clave
Apenas 20 meses después de su creación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido desaparecer la Secretaría de Enlace y Coordinación. La orden, firmada por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, aparece en el Diario Oficial de la Federación bajo el argumento de “austeridad”. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta decisión?
La palabra clave “SCJN” ya no solo remite a resoluciones jurídicas: ahora, también es sinónimo de ajustes internos, reorganización institucional y un pulso constante entre Poderes.
El recorte en contexto: austeridad que toca la estructura del Poder Judicial
¿Qué hacía la Secretaría de Enlace y Coordinación?
Esta área no era menor. Nacida en agosto de 2023, la Secretaría de Enlace y Coordinación respondía directamente a la Presidencia de la Corte. Su función era la coordinación de audiencias con la ministra Piña, la logística de eventos institucionales, y el manejo de visitas guiadas. Un canal estratégico entre el máximo tribunal y la ciudadanía.
En su momento, la ministra justificó su creación como una herramienta para elevar la eficacia administrativa y operativa de la SCJN. Su supresión, por tanto, representa un giro de 180 grados.
¿Por qué ahora?
A diferencia de otras instituciones, el Poder Judicial había mantenido sus estructuras casi intactas, incluso en tiempos donde el discurso oficial del Ejecutivo y el Legislativo presionaba por “adelgazar” al Estado. La Corte resistió… hasta ahora.
El año 2025 marcó el inicio de la aplicación real de medidas de austeridad. Entre ellas:
- Reducción de salarios a ministros y altos funcionarios.
- Implementación de “home office” obligatorio dos días por semana.
- Recortes en servicios médicos internos y comedores.
- Control en el uso de papelería, electricidad y recursos de oficina.
Pero ninguna de estas medidas tenía el mismo peso institucional que la desaparición de una secretaría.
¿Reestructuración o retroceso institucional?
Absorción de funciones: ¿burocracia más eficiente?
Según el Acuerdo III/2025 publicado en el DOF, las funciones de la Secretaría de Enlace y Coordinación serán absorbidas por la Secretaría General de la Presidencia. En teoría, esto centraliza tareas y elimina duplicidades. En la práctica, puede diluir responsabilidades y comprometer la calidad de la gestión institucional.
Además, se establece un plazo de 30 días naturales para hacer los ajustes necesarios. Un tiempo breve para una operación tan compleja.
¿Cuál es el costo político?
La desaparición de esta área ocurre en un momento clave: la Corte ha estado bajo una fuerte presión pública por sus privilegios, salarios y percepción de “desconexión” con la realidad del país. Esta medida parece responder a ese clima, más que a una evaluación técnica de impacto administrativo.
La ministra Piña busca legitimidad como líder de una SCJN menos opulenta y más cercana a los principios republicanos. Sin embargo, el recorte también debilita mecanismos de apertura y diálogo con la sociedad.
Austeridad judicial: ¿medida ejemplar o concesión estratégica?
Entre la presión del Ejecutivo y el Legislativo
Desde el inicio del actual sexenio, el Poder Ejecutivo ha criticado el gasto del Poder Judicial. El Legislativo, en particular los grupos afines al oficialismo, ha impulsado iniciativas para reducir su presupuesto y transparentar su operación.
Esta decisión de la Corte puede interpretarse como un gesto político: un intento de mostrar voluntad de cambio sin ceder autonomía. Pero también abre la puerta a una discusión más amplia sobre la viabilidad de una justicia eficiente con menos recursos.
El precedente que deja la SCJN
Aunque se trate de una sola secretaría, el mensaje es poderoso. Si el Alto Tribunal está dispuesto a recortarse a sí mismo, ¿qué otras estructuras podrían estar en riesgo?
Esta decisión podría convertirse en un precedente que otras instituciones del Estado utilicen para justificar recortes, con consecuencias en la calidad de los servicios públicos.
¿Qué sigue para el Poder Judicial?
La Suprema Corte tiene ahora la responsabilidad de demostrar que esta reestructuración no afectará la operatividad del tribunal ni su vinculación institucional. La absorción de funciones deberá ser monitoreada con lupa.
Mientras tanto, la tensión entre los poderes se mantiene latente. La Corte, históricamente aislada de la opinión pública, ha comenzado a vivir una nueva etapa: una donde cada movimiento, por mínimo que parezca, tiene implicaciones políticas, sociales y mediáticas.
Austeridad con costo institucional
La desaparición de la Secretaría de Enlace y Coordinación de la SCJN no solo es un ajuste administrativo. Es también una señal del momento que vive el Poder Judicial en México: uno donde la legitimidad se construye desde los símbolos, los recortes y las decisiones estratégicas.
Más allá de la narrativa de eficiencia, la pregunta que persiste es si la austeridad puede convivir con la excelencia en la administración de justicia. Y si, al eliminar áreas clave de contacto institucional, no se está cerrando una puerta más al diálogo entre la Corte y el país que la sostiene.
