El colectivo Pena Sin Culpa ha puesto en el ojo del huracán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al exigir que, con su conformación actual, discuta y resuelva de inmediato el cumplimiento de una sentencia clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la prisión preventiva oficiosa. La decisión podría transformar el sistema judicial mexicano, marcando un precedente vital.
El llamado urgente de Pena Sin Culpa a la SCJN
El 16 de julio de 2025, el colectivo Pena Sin Culpa dirigió una exigencia contundente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que su pleno, con la conformación actual, discuta y resuelva el cumplimiento de la sentencia emitida por La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en relación con la prisión preventiva oficiosa. Esta resolución se refiere específicamente al caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes son representados por esta destacada organización civil.
La organización ha señalado que el Estado mexicano no solo ha ignorado la resolución de la Corte Interamericana, sino que ha procedido a “realizar reformas para ampliar los delitos de prisión preventiva oficiosa y limitar el control de convencionalidad y la aplicación del criterio” de la CoIDH, profundizando así el desafío a las directrices internacionales.
La sentencia de la Corte Interamericana: un antecedente claro
En abril del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable de violaciones a diversos derechos. Dichas violaciones incluyeron la detención arbitraria, la privación de la libertad y la aplicación de la figura del arraigo, así como la prisión preventiva oficiosa, todo ello en perjuicio de García Rodríguez y Alpízar Ortiz. Ambos fueron acusados de presunto asesinato en el año 2002.
Como parte de su sentencia, la CoIDH ordenó de manera explícita la adecuación del ordenamiento jurídico interno mexicano en lo concerniente a la prisión preventiva oficiosa. Adicionalmente, reiteró su postura de dejar sin efecto las disposiciones relacionadas con el arraigo de naturaleza pre procesal, al considerar que ambas figuras son intrínsecamente contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La inacción estatal y las implicaciones políticas
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El colectivo Pena Sin Culpa ha enfatizado la trascendencia de lo resuelto por la CoIDH, subrayando su impacto directo “en la vida de miles de personas inocentes, la mayoría de ellas pobres, que se encuentran privadas de la libertad sin que se haya razonado ante un juez, la necesidad de la medida de prisión preventiva”. Esta situación expone una vulnerabilidad sistémica que afecta desproporcionadamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En un pronunciamiento crítico, el colectivo también ha apuntado que “es evidente que trasladar el tema a la próxima integración de la Suprema Corte obedece a presiones o peticiones de otros poderes del Estado y no a falta de tiempo para el estudio”. Esta declaración sugiere una injerencia política en los procesos judiciales que podría comprometer la independencia del máximo tribunal del país.
En el radar político nacional
Mientras la Suprema Corte enfrenta esta exigencia crucial, otros movimientos relevantes se desarrollan en el panorama político nacional.
Nuevas legislaciones en el Diario Oficial de la Federación
En una acción distinta, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación once decretos presidenciales. Estas publicaciones corresponden a nuevas legislaciones y reformas que previamente fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, reflejando la actividad legislativa reciente.
Diálogo para el desarrollo: Anuies e industria automotriz
Por otro lado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) ha instalado una mesa de diálogo con representantes de la industria automotriz. El objetivo de este encuentro es explorar estrategias para lograr que la educación técnica y universitaria contribuya de manera efectiva con los sectores estratégicos delineados en el Plan México, buscando alinear la formación académica con las necesidades del desarrollo productivo.
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Respaldo de senadores morenistas a Adán Augusto López
Finalmente, senadores del partido Morena han expresado su respaldo a su coordinador, Adán Augusto López. Los legisladores morenistas afirmaron que no existe “ninguna investigación judicial ni señalamiento formal que lo involucre en algún ilícito o irregularidad durante su gestión como gobernador de Tabasco”, desestimando así cualquier acusación en su contra.
La exigencia de Pena Sin Culpa a la Suprema Corte no es un mero trámite legal; es un grito por justicia para miles y una prueba de fuego para la autonomía judicial en México. ¿Podrá la SCJN resistir las presiones y asegurar que la justicia prevalezca sobre los intereses políticos, garantizando la debida protección a los derechos humanos?
