Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La regulación en avalúos ha obligado a ordenar el mercado inmobiliario en Quintana Roo, medida que mejora la transparencia fiscal, reduce riesgos de fraude y permite al Estado contar con estadísticas confiables sobre el desarrollo urbano, opinó Guillermo Hernández Rendón, presidente del Colegio de Valuadores de Quintana Roo.
Recordó que las viviendas de menor valor prácticamente no enfrentan afectaciones, pues el trámite se realiza sin generar costos adicionales relevantes para los beneficiarios. En cambio, los proyectos residenciales y desarrollos de gran tamaño con un valor superior a 800 mil pesos, son los que deben cubrir derechos ante el SAT, ya que son los principales sujetos de revisión tributaria.
“Es una muy buena manera de regular el tema inmobiliario, porque el Estado ahora puede conocer con certeza cómo se están llevando las operaciones. Esto no solo ayuda en la recaudación, también en la planeación de infraestructura y servicios públicos”, explicó.
La norma entró en vigor en agosto del año pasado y, aunque al inicio provocó incertidumbre y retrasos en preventas y escrituraciones, actualmente el mercado comienza a estabilizarse. Durante los primeros meses, las operaciones cayeron hasta 50%, principalmente por dudas de desarrolladores, notarios e inmobiliarias sobre la manera de cumplir los nuevos procesos fiscales.
Con el paso de los meses, la curva de aprendizaje se ha superado, hoy las operaciones solo muestran una disminución cercana al 10%. Los actores ya entendieron el procedimiento y el SAT también ha agilizado los procesos.
En términos de dinámica de precios, los especialistas recordaron que la vivienda rara vez deprecia, salvo por deterioro físico, y que el valor tiende al alza debido al encarecimiento de materiales y la búsqueda de rentabilidad por parte de los desarrolladores. Esta tendencia se refleja también en zonas gentrificadas de Cancún, como Donceles 28 y Lombardo Toledano, donde el aumento en la demanda y la cercanía con universidades y servicios públicos, han impulsado los precios.
Reiteró que la regulación favorece la transparencia fiscal y permite al Estado tomar mejores decisiones de planeación urbana, al tiempo que obliga al mercado inmobiliario a operar de forma más ordenada y segura para los compradores.
