Grupo Salinas formalizó un acuerdo de pago con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo fiscal que asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. Este monto, resultado de litigios que se extendieron por más de dos décadas, se cubrirá mediante 18 pagos mensuales, de los cuales 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación como anticipo.
Este esquema de liquidación se formalizó conforme a los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones judiciales aplicables, marcando el fin de una prolongada controversia entre el fisco mexicano y el conglomerado empresarial de Ricardo Benjamin Salinas Pliego.
El monto exacto y el esquema de pago acordado
La autoridad tributaria confirmó que el pago total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos se desglosa en un primer depósito robusto, que fue confirmado por el SAT y la Tesorería, y un plan de 18 mensualidades para cubrir la cantidad restante. El monto inicial ingresado fue de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos.
El acuerdo se produce después de que, el 26 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara sobre la intención de Grupo Salinas de cubrir los adeudos. El grupo solicitó un ajuste, el cual, según lo detallado por el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y la presidenta Sheinbaum, puede alcanzar hasta el 39% de reducción sobre el adeudo original, de acuerdo con la ley y las sentencias de los tribunales.
La discrepancia crítica: del adeudo de 51 mil millones al pago de 32 mil millones
Es clave notar la diferencia entre la cifra que originalmente debía requerirse y el monto final acordado. El 19 de diciembre, Antonio Martínez Dagnino había explicado que, tras una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el agotamiento de las instancias de impugnación, el Grupo Salinas debía pagar 51 mil millones de pesos durante enero de 2026.
Sin embargo, el monto final de liquidación se fijó en los 32.1 mil millones de pesos, lo que refleja el ajuste permitido por el Código Fiscal de la Federación a contribuyentes que buscan saldar sus compromisos tras resoluciones definitivas. Esta reducción subraya el manejo legal y administrativo del conflicto por parte de la autoridad, como Sheinbaum Pardo insistió, separándolo del ámbito político.
La posición de Grupo Salinas: “No por convicción”
Ricardo Benjamin Salinas Pliego y Grupo Salinas emitieron una declaración que establece la perspectiva del conglomerado respecto a la liquidación. Aunque afirmaron haber pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales en los últimos 20 años, calificando este historial como prueba de que «cumplimos con México», manifestaron un desacuerdo profundo con el pago final.
La justificación para realizar la transacción, según el comunicado, no es «por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo», sino porque buscan «dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra». El grupo enfatizó que, con este pago, «habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio», asegurando que a partir de ahora, «no debemos nada al gobierno, por ningún concepto».
Cronología del litigio fiscal
Este caso tiene raíces profundas, que se remontan a más de una década. Conocer la línea de tiempo es esencial para entender la complejidad del acuerdo:
- 2013: El SAT inició el proceso, determinando adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- 2019 a 2023: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones emitidas originalmente por el SAT.
- Año actual: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de forma definitiva las impugnaciones presentadas por el grupo empresarial, ratificando la obligación de pago.
El director del SAT, Martínez Dagnino, recordó que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, establece la obligación de todos los ciudadanos de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa.
La resolución de este largo proceso litigioso, tras la intervención de la SCJN, pone fin a uno de los conflictos tributarios más relevantes de la administración. Lo que queda en el aire es si este esquema de pago en parcialidades y el descuento otorgado sentarán un precedente claro para otros grandes contribuyentes que mantienen procesos similares en el país.
