Ricardo Salinas Pliego no cumplió con el plazo final del 23 de enero de 2026 para saldar los 51 mil millones de pesos adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), perdiendo automáticamente la posibilidad de acceder a una reducción del 39% de la obligación fiscal. Este impago activa de inmediato la maquinaria legal del Estado mexicano, que procederá con el Procedimiento Administrativo de Ejecución, iniciando con el requerimiento de pago y la potencial incautación de activos de sus empresas, como Grupo Elektra y TV Azteca.
El incumplimiento definitivo y la pérdida del descuento millonario
El 23 de enero de 2026, el caso fiscal más visible de la última década en México llegó a un punto de no retorno. El vencimiento del plazo de cinco días hábiles, otorgado por el SAT, obligaba al presidente de Grupo Salinas a manifestar su decisión de pagar los 51 mil millones de pesos para acceder a un reajuste de hasta el 39% de la deuda, según lo estipulado por el Código Fiscal de la Federación. De haberse acogido a este beneficio, la cantidad final a liquidar se habría situado ligeramente por encima de los 30 mil millones de pesos, una cifra cercana a los 36 mil millones que originalmente dieron pie a los litigios.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que la notificación de pago fue recibida por Grupo Salinas el viernes anterior, lo que marcó el inicio del periodo de cinco días que concluyó el viernes 23. Específicamente, los requerimientos fueron enviados el 9 de enero y notificados formalmente el 15 de enero. Al vencer el plazo y ante la ausencia de una «intención de pago» formal, el magnate perdió esta vía de negociación favorable.
Dos fuentes distintas confirmaron a SinEmbargo que, hasta la noche del 23 de enero, Grupo Salinas mantenía mesas de trabajo activas con autoridades del SAT para negociar el pago. No obstante, la falta de una liquidación al cierre de la fecha límite es un hecho consumado.
La ruta de la deuda: origen y fallos judiciales
La deuda de 51 mil millones de pesos por recargos acumulados forma parte de un adeudo total de Grupo Salinas que supera los 74 mil millones de pesos. Este conflicto se remonta 16 años, cuando las empresas del conglomerado, incluyendo Grupo Elektra y TV Azteca, dejaron de pagar impuestos correspondientes a varios ejercicios fiscales, sustentadas en una estrategia jurídica dilatoria.
Los créditos fiscales pendientes abarcan específicamente los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. El origen del problema radica en un cálculo que la Autoridad Fiscal consideró indebido respecto a las pérdidas de la compañía Elektra, declarando improcedentes las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas.
A pesar de los múltiples recursos de impugnación presentados por el equipo legal de Salinas Pliego—quien utilizó figuras legales como recursos de reclamación e impedimentos—, los tribunales fallaron invariablemente a favor de Hacienda.Cronología de la derrota judicial:
- 2013-2018: El SAT determina administrativamente adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los ejercicios 2008 a 2013.
- 2019-2023: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resuelve que los adeudos son procedentes.
- 2024-2025: El Poder Judicial de la Federación y los tribunales colegiados niegan el amparo solicitado, confirmando la procedencia.
- 13 de noviembre de 2025: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por unanimidad siete de los nueve amparos interpuestos por Grupo Salinas contra los créditos fiscales, lo que validó la obligación de pago de más de 50 mil millones de pesos.
- 19 de noviembre de 2025: La SCJN suma otra resolución, obligando a Nueva Elektra del Milenio a cubrir un adeudo adicional de poco más de 67 millones de pesos.
Consecuencias inmediatas: El Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)
Ante la negativa o el impago manifiesto, el Estado mexicano tiene las herramientas para proceder al cobro forzoso. El siguiente paso, y el más delicado para el empresario, es la activación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
De acuerdo con la fiscalista de la UNAM, Patria López, si el impago se confirma, las autoridades deberán presentarse con un requerimiento de pago en el domicilio fiscal el mismo lunes posterior al vencimiento del plazo. Si el empresario no puede mostrar el comprobante de liquidación, se activa inmediatamente el PAE.
Esto faculta al SAT a embargar bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y otros activos de Grupo Salinas, hasta preliminarmente cubrir la cantidad adeudada. Posteriormente, peritos valorarán los bienes requisados, y solo cuando se haya publicado la convocatoria del remate —justo antes de perder lo confiscado—, el empresario podrá interponer el último amparo disponible. Expertos estiman que, en el plano nacional, el asunto podría quedar resuelto antes de fin de año.
La estrategia de defensa: Judicial, política e internacional
Mientras el frente judicial se cerraba, Ricardo Salinas Pliego ha escalado el conflicto a los ámbitos político y mediático. En sus redes sociales, el empresario se ha limitado a compartir imágenes de su viaje de fin de semana al Caribe en su yate, sin hacer alusión directa al vencimiento del plazo fiscal, e incluso publicando una fotografía posando con un revólver antiguo y una gorra con las siglas MACC (Movimiento Anti Crimen y Corrupción). En este contexto, ha arremetido contra la administración actual, refiriéndose al gobierno como el «#CartelDeTabasco» y acusando a los «gobernícolas» de despojar a la gente trabajadora.
El movimiento en la CIDH
La acción más relevante en la vía internacional ocurrió el 13 de enero, cuando Salinas Pliego denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando una «persecución política» y un «acoso sistemático» por parte del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
El empresario argumentó que se busca intimidar y silenciar a quienes piensan diferente. Sin embargo, este movimiento, aunque espectacular políticamente, tiene consecuencias limitadas en el proceso fiscal inminente. La CIDH puede tardar años en decidir si traslada o no el caso a la Corte Interamericana, y un fallo favorable en ese ámbito, además de ser improbable, muy difícilmente podría revertir el desenlace del procedimiento de cobro forzoso que ya ha comenzado en México. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha negado sistemáticamente la persecución, insistiendo en que se trata simplemente de un «requerimiento del SAT» para cumplir con obligaciones fiscales omitidas.
La convergencia de una derrota judicial definitiva, la inminencia del embargo de activos y la estrategia de resistencia política, deja al magnate, uno de los hombres más ricos del país, en una situación extremadamente delicada, forzado a enfrentar el cobro de la deuda que ha aplazado durante casi dos décadas. ¿Será el Procedimiento Administrativo de Ejecución del SAT la estocada final para que el Estado mexicano recaude este multimillonario botín?
