Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Con la solicitud formal de integrar una comisión legislativa transitoria para dar seguimiento a los resultados de la consulta pública sobre la salida de Aguakan, el diputado, Julián Ricalde Magaña pidió retomar rápidamente el tema para evitar se continúe sometiendo a los usuarios al mal servicio de la empresa.
El legislador y tío de la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, una de las vinculadas por los resultados de la consulta, aseguró que es necesario que desde el congreso se defina la competencia y obligación del poder legislativo, del gobierno del estado, la CAPA y los ayuntamientos de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, para cumplir con el mandato de la consulta que pidió rescindir el contrato de la empresa que vence en 2053.
Te puede interesar: CASO AGUAKÁN: Senadora panista asegura que legisladores y gobernantes de Morena engañaron a la ciudadanía
Rechazó la “Incompetencia” del congreso del estado, declarada en entrevista por el presidente de la Jugocopo, Renan Sánchez Tajonar e insistió en la necesidad de que cada involucrado tenga claro y cumpla la obligación que corresponda.
Aseguró que en Isla Mujeres y Cancún, cuando menos, se dan reportes recurrentes de falta de agua, mal funcionamiento del drenaje, rebosamientos de aguas negras, entre otras, lo que apunta a un mal servicio e incumplimiento del contrato de concesión de parte de la empresa concesionaria.
Con ese incumplimiento se puede revertir la concesión sin necesidad de tener que pagar “la millonaria penalizacón” que se argumenta para no entrar de fondo a cumplir los resultados de la consulta, nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento o dolo, es una máxima del derecho, nos están mostrando el petate del muerto para asustarnos y responder a la consulta, advirtió el diputado.
Aseguró que desde Isla Mujeres, se han realizado diferentes gestiones ante la empresa para mejorar el suministro de agua, sin resultados positivos y con ello ya se preparan para demostrar el incumplimiento y en su caso iniciar el procedimiento legal para pedir la salida de la empresa en ese municipio.
