En un nuevo capítulo de confrontación entre el gobierno federal y la sociedad civil, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, descalificó las recientes manifestaciones al sugerir que los bloqueos carreteros Segob 2025 tienen una clara motivación política, involucrando a líderes del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
La imputación política de la Secretaría de Gobernación
Horas antes de la cita de diálogo convocada por la Secretaría de Gobernación (SG), la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que, si bien se mantiene una mesa de trabajo constante y disposición para escucharlos, las protestas actuales resultan inexplicables si no es por su origen político.
La funcionaria federal enfatizó la gran disposición de su oficina para escuchar a los gremios, detallando que en las últimas semanas se han realizado 200 reuniones con grupos de campesinos y 316 encuentros con líderes transportistas. Por ello, argumentó que «no se entienden» las motivaciones de las protestas, salvo que sean de naturaleza política.
Rodríguez Velázquez fue directa: «Si ya están caminando los acuerdos y las demandas están siendo atendidas, ¿qué hay detrás? pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos: al PRI, al PAN y al PRD, claramente, ellos tienen una historia política», expuso.
Junto con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, la titular de la SG convocó reiteradamente a los manifestantes a concluir con los bloqueos que, apuntó, afectan a la población. Aunque reconoció que aún hay temas por atender, recalcó que las demandas “se atienden en la mesa, no en el bloqueo”, e indicó que no quiere pensar que hay una motivación política atrás, en busca de generar la idea de que el gobierno no atiende las demandas sociales.
A su vez, Berdegué rechazó la idea de que se les dé “atole con el dedo”. El secretario concluyó que las quejas no provienen de la totalidad de los productores mexicanos, sino de dos organizaciones en particular.
Líderes de protesta y las conexiones partidistas
En conferencia de prensa en la sede de la SG, se afirmó que los dirigentes de las agrupaciones que iniciaron la manifestación también son integrantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Un ejemplo específico fue proporcionado por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien refirió que en San Luis de la Paz, Guanajuato, la manifestación es encabezada directamente por el diputado federal priísta Luis Gerardo Sánchez Sánchez.
La sombra de la justicia: carpetas de investigación y criminalización
Un punto central de la defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum es la existencia de expedientes judiciales contra los líderes. Rosa Icela Rodríguez mencionó que muchos de estos líderes tienen carpetas de investigación en su contra desde hace varios años, así como “toda una historia de bloqueo de carreteras, de tomas de casetas”.
La secretaria de Gobernación consideró los bloqueos carreteros preocupantes y graves. Además, aludió al carácter delictivo de los actos, cuestionando: “Hacer una afectación en vías federales es un delito, ¿o no?”
El columnista Salvador Camarena en El Financiero criticó la postura de la Segob, señalando que la descalificación de la protesta es un paso más en la «esquizofrénica lógica de Morena» ante la oposición. Camarena apuntó a las contradicciones de la administración respecto al uso de expedientes judiciales:
Rodríguez declaró que los expedientes abiertos son por «obstrucción de las vías de comunicación», que datan de muchos años e incluso algunas personas han estado presas. Camarena analiza este enredo preguntándose si los gobiernos transformadores se olvidaron de esas carpetas, que presumiblemente fueron abiertas por gobiernos represores del ayer, y ahora, al ser convenientes, se recuerdan.
El debate sobre la criminalización de la protesta
La crítica periodística de Camarena resalta que la titular de la Segob, que debiera ser garante del diálogo político, descalifica una protesta por el simple hecho de tener militancia partidista.
El análisis recuerda que la izquierda de antes reclamaba que no se criminalizara la protesta. Se pedía entender que las tomas de casetas y bloqueos, como las ocurridas en Guerrero, eran expresión de hartazgo frente a la cerrazón, la incapacidad de diálogo y la falta de soluciones. El cuestionamiento es si esta situación resuena con la retórica actual.
La fractura del sector y la ausencia en el diálogo
Los bloqueos de este lunes, que afectaron el tránsito en carreteras de varios estados e incluso en algún puente fronterizo, fueron realizados por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNCRM) y el Movimiento Agrícola Campesino. Las demandas son variadas, e incluyen la puesta de especial atención a las modificaciones a leyes sobre el agua.
No obstante, Rodríguez Velázquez dio a conocer que la división dentro del gremio es significativa: de 11 organizaciones de transportistas en el país, 10 se han deslindado de los bloqueos.
Entre las que enviaron oficios a Gobernación para aclarar que no participarían en algún paro o protesta se encuentran: Canacar, Conatram, Fematrac, Amotac, Antac, Indeco, Tamexun y Unicarsoc.
A pesar de que la Secretaría de Gobernación convocó a la cita de diálogo para las 13 horas de ayer, ningún representante de los transportistas ni productores que se manifestaron acudió al encuentro.
La Segob, bajo el liderazgo de Rosa Icela Rodríguez, enfrenta el dilema de cómo manejar la protesta sin caer en la criminalización que la propia izquierda criticó históricamente. Al vincular cada manifestación a intereses partidistas y recordar viejas carpetas de investigación, ¿el gobierno de la Cuarta Transformación está utilizando las mismas herramientas de represión institucional que antes denunció, o simplemente está exponiendo un conflicto político disfrazado de demanda social?
