Los diputados Ricardo Velazco y Hugo Alday han metido el dedo en una de las llagas más oscuras y vergonzosas de la justicia quintanarroense… y de esa transición democrática que nomás no termina de nacer.
Ambos legisladores de izquierda pidieron que se llame a comparecer al titular de la Fiscalía Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, para que explique el estatus de los procesos contra el exgobernador Roberto Borge y sus borgistas.
Pero el tema no se limita a los acusados.
Hay algo más… y puede ser peor.
Porque aquí no solo hay que investigar a los exfuncionarios, sino también a quienes debieron investigarlos.
Sí, hay señalamientos concretos de que, durante el sexenio de Carlos Joaquín, la entonces Fiscalía llegó a “acuerdos” con algunos indiciados para que no pisaran la cárcel. Había una especie de menú a la carta: desde prisión domiciliaria hasta el no ejercicio de la acción penal.
Y lo más sabroso: algunos de esos “acuerdos”, ha trascendido, incluyeron moches a borgistas por hasta 30 millones de pesos… sin reparación del daño y con destino desconocido.
Se aplicó aquella vieja máxima de ladrón que roba a ladrón…
Si en Morena tanto presumen de transparencia, ya debería estar listo y firmado el oficio para citar al Fiscal Anticorrupción.
