Uno de los tantos pendientes del cuatroteísmo caribeño son los turbios y malhechos procesos iniciados en el decepcionante sexenio del expanista Carlos Joaquín contra su antecesor Roberto Borge y colaboradores.
Al grito de “ladrón que roba a ladrón…”, los juicios contra borgistas fueron, en realidad, actos de extorsión contra colaboradores del desquiciado exgobernador priista, hoy preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Cuautla, Morelos.
Los expedientes fueron hechos “al ahí se va”, pues el “objetivo” no era hacer justicia ni mucho menos reparar el daño al erario estatal, sino acalambrar a los excolaboradores de Borge.
Otro botón de muestra: el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito ratificó el retiro de la medida de prisión preventiva justificada que había sido impuesta en 2022 contra Borge Angulo por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, al enajenar bienes públicos de Quintana Roo.
Este amparo se desprende de una denuncia iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) –EN EL Gobierno del “cambio” de Carlos Joaquín– relacionada con presuntas irregularidades en la paraestatal VIP Saesa, que incluyeron la simulación de contratos por más de 319 millones de pesos.
Como Borge, medio gabinete –empezando por el exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, – fue detenido en la carpeta de VIP Saesa, pero al final terminaron siguiendo sus procesos en sus domicilios y/o finalmente perdonados o exonerados.
La FGE joaquinista terminó en actos de simulación: no solo “vendió” justicia, sino que jamás se recuperó el daño al erario estatal.
Pero los perdones y exoneraciones no solo cerraron este episodio joaquinista de “ladrón que roba a ladrón”, sino que, además, la 4T de Quintana Roo tampoco ha hecho gran cosa para proceder contra esta simulación y devolver al pueblo lo robado.
