La llegada de los nuevos jugadores del reformado Poder Judicial podrían convertirse en un conflicto laboral para los que mandan en el principal órgano jurisdiccional de Quintana Roo.
Y es que los nuevos juzgadores prácticamente se dividen en dos bandos: los que siguen haciendo grilla, como el caso de la exregidora y ex diputada Erika Castillo, o los que aún están en proceso de aprendizaje, como Christian Licona, hijo de la concejal Susana Dzib.
El asunto es que este vacío provocado por los nuevos juzgadores esta siendo asumido por los trabajadores del mismo Poder Judicial, empezando con los proyectistas y los secretarios.
Prácticamente el trabajo se lo tienen que hacer ellos, mientras que muchos de los jueces, como en el caso de Castillo, que se les pagaron para ir a los informes, o el caso de Licona que supone que es una beca por pertenecer al partido en el poder.
La cosa se ha puesto muy difícil, que muchos de los jugadores ya están empezando a mostrar signos de enojo, algunos incluso ya están exigiendo incremento de salario y de prestaciones para compensar lo que sus jefes dejan de hacer.
En tanto, los más afectados de este despropósito que se está convirtiendo en la reforma al Poder Judicial, son los ciudadanos que ahora ven que sus casos se retrasan aún más.
