Parece que el fiscal López la volvió a hacer.
En su rueda de prensa de los lunes, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que hay “pruebas contundentes” que vinculan a Clemente N con el asesinato del enfermero Ramiro N, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de abril en un camino de terracería cercano a Nicolás Bravo.
Pero, en los hechos, las “pruebas contundentes” del fiscal López son solo eso: palabras fuertes, evasivas… y uno que otro golpe de mesa.
No es el primer caso en el que la FGE prefiere resultados rápidos y ruidosos a hacer justicia como se debe.
Y sí, hay muchos casos documentados en los que la Fiscalía ha violado el debido proceso, y ha recurrido, incluso, a la tortura.
Y dicho sea de paso: la Comisión Estatal de Derechos Humanos —cuyo presidente nadie recuerda cómo se llama— sigue siendo un cero redondo a la izquierda frente a la FGE.
Por eso no extraña que, ante los abusos de autoridad, los ciudadanos recurran a la protesta social, esa que, por cierto, otra vez se intentó criminalizar en Quintana Roo.
La pregunta es simple:
¿Hasta cuándo este teatro judicial con efectos especiales… pero sin justicia?
