Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.– Organizaciones ambientales advirtieron un posible riesgo de privatización del litoral de Cancún, ante la intención del Ayuntamiento de Benito Juárez de reclasificar las playas públicas como zonas de “servicios turísticos” dentro del nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2025–2030.
La agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) señaló que el documento en preparación debe corregir los errores técnicos y legales de los planes anteriores -el PDU 2018–2030 y el fallido PDU 2022- que ya habían incluido usos de suelo turísticos en espacios originalmente destinados a playas públicas.
“El nuevo PDU debe garantizar la protección del patrimonio natural y el derecho ciudadano al acceso libre a las playas. Clasificarlas como servicios turísticos abre la puerta a obras, concesiones o restricciones de acceso contrarias al espíritu de la ley”, advirtió el colectivo.
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DMAS recordó que playas como Las Perlas, Langosta, Tortugas y Marlín, históricamente consideradas de uso público, aparecen en versiones recientes de los planes urbanos con vocación turística o comercial, lo que contraviene la Ley General de Bienes Nacionales, que establece que las playas marítimas son bienes de uso común.
Además del riesgo sobre el acceso público, la organización subrayó que modificar la clasificación de suelo incrementa la presión urbanística sobre ecosistemas sensibles como dunas, manglares y zonas de anidación de tortugas marinas.
El debate sobre el uso del litoral se mantiene abierto desde hace más de cuatro décadas, cuando la expansión hotelera transformó gran parte de la costa en áreas concesionadas. Actualmente, solo tres playas —Playa del Niño, Delfines y Coral— mantienen oficialmente su estatus de uso público, aunque colectivos ciudadanos sostienen que existen más predios de vocación social originalmente donados por Fonatur que hoy figuran con destino distinto.
Expertos en planeación urbana consultados por la organización advirtieron que el nuevo PDU deberá alinearse con el ordenamiento ecológico local y los principios de desarrollo sostenible, evitando repetir los vacíos legales que facilitaron la expansión irregular de proyectos turísticos en años recientes.
