Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. – La Cuarta Transformación busca facultar al gobierno federal para bloquear plataformas digitales sin precisar criterios ni autoridades responsables, lo que representa un riesgo a la libertad de expresión y abre la puerta a la censura, advierten organizaciones especializadas.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en comisiones del Senado y que será discutida en el Pleno el próximo lunes 28 de abril, contempla que el gobierno federal pueda ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales, sin precisar en qué casos ni bajo qué criterios se aplicaría esta medida.
El artículo 109 de la propuesta establece que las autoridades competentes —sin detallar cuáles— podrán solicitar el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo dependiente directamente de la Presidencia y encabezado por José Merino, para ejecutar dichos bloqueos. Será esta misma Agencia la que emita los lineamientos para regular el procedimiento, lo que ha generado preocupación entre especialistas por la falta de contrapesos y criterios claros.
“Estamos hablando de una redacción sumamente ambigua que habilita al Ejecutivo para bloquear prácticamente cualquier sitio de internet bajo supuestos que no se especifican”, alertó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
De acuerdo con la iniciativa, el término “plataforma digital” abarca cualquier servicio digital que permita ofrecer, comercializar o difundir bienes, contenidos, productos o servicios. La definición es lo suficientemente amplia como para incluir redes sociales, servicios de streaming, tiendas en línea, aplicaciones y medios digitales.
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A pesar de las advertencias, la redacción fue aprobada por las Comisiones Unidas del Senado la tarde del 24 de abril. Incluso la propia presidenta del Senado reconoció la necesidad de “afinar” la redacción de este apartado:
“Y en ningún momento estamos planteando la censura… hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso, hay que corregir la propia redacción”, dijo durante su conferencia de prensa.
Ese mismo día, la Agencia de Transformación Digital difundió un mensaje en la red X (antes Twitter), en el que aseguró que el artículo 109 no busca regular contenidos, sino sancionar el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de las plataformas. “No tiene relación alguna con contenido y expresión en redes sociales”, sostuvo el organismo.
Prohibición de propaganda extranjera
Otro punto que ha generado debate es la prohibición para que medios de comunicación mexicanos transmitan spots o propaganda de gobiernos extranjeros. El dictamen fue aprobado con 29 votos a favor y 9 en contra en las Comisiones de Radio y Televisión; Estudios Legislativos, y Comunicaciones y Transportes.
Según el texto, los concesionarios de radio, televisión y servicios de audio restringidos no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, salvo en casos de promoción turística o cultural.
Las sanciones previstas van desde el 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, programador o plataforma digital que incumpla con esta prohibición. La Secretaría de Gobernación será la encargada de vigilar y supervisar la publicidad transmitida por estos medios y plataformas, así como de ordenar su suspensión inmediata en caso de violaciones.
Una agencia con amplias facultades
La iniciativa también redefine las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que concentrará funciones que antes correspondían a órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Esta nueva Agencia tendrá bajo su control las concesiones de radio y televisión, así como la supervisión de los contenidos que transmitan los medios. Además, coordinará el procedimiento para el bloqueo de plataformas digitales en casos de incumplimiento, sin detallar el tipo de infracciones ni los mecanismos de defensa disponibles.
Oposición: “Censura del Bienestar”
Durante la discusión en comisiones, legisladores de oposición denunciaron que la iniciativa es un intento del gobierno federal por controlar los contenidos que se difunden en radio, televisión e internet.
“Con esta reforma, el gobierno va a controlar absolutamente todo lo que se pueda ver, escuchar y leer. Es un gran atropello”, declaró el senador del PRI, Néstor Camarillo, quien calificó la propuesta como una iniciativa “al vapor”.
Desde el PAN, el senador Ricardo Anaya acusó que se trata de un “albazo” para otorgar control total al Ejecutivo sobre el ecosistema mediático del país:
“Todas las facultades que antes tenía Gobernación o el IFT se concentran en una sola persona: el titular de la Agencia Digital, que responde directamente a la Presidencia… Quieren controlar la narrativa pública, como en los regímenes autoritarios”.
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Posturas oficialistas: “No es censura, es protección”
Por parte del oficialismo, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la iniciativa como un mecanismo para proteger la soberanía digital del país y para impedir la difusión de mensajes que inciten al odio o atenten contra la unidad nacional.
La senadora del PT, Lizeth Sánchez, llamó a “cuidar lo que se dice y se comparte” en medios y redes sociales, al asegurar que:
“El Estado tiene la obligación de actuar cuando el poder de los medios se utiliza para dividir al pueblo”.
En tanto, el morenista Aníbal Ostoa sostuvo que se trata de una medida de protección, no de censura:
“México se niega a ser rehén del chantaje mediático. Estamos convencidos de que es momento de defender el control de nuestras narrativas y nuestras pantallas”.
El senador Pavel Jarero, también de Morena, justificó el artículo 109 al plantear que podría utilizarse para retirar contenidos dañinos:
“¿Alguien se puede oponer a que se baje una página que fomenta el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado?”, preguntó. Sin embargo, la iniciativa no especifica que estos sean los supuestos en los que se aplicaría el bloqueo.
En espera del Pleno
La iniciativa fue turnada a la Mesa Directiva del Senado y se prevé que sea discutida en el Pleno el lunes 28 de abril. A unos días del debate, diversas organizaciones defensoras de los derechos digitales, medios de comunicación y partidos de oposición han advertido que la reforma podría sentar las bases para un esquema de control centralizado de los medios y plataformas digitales.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que no se trata de censura, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la soberanía nacional.
