Redacción/CARIBE PENINSULAR
BACALAR.- La suspensión que mantenía detenida la construcción de la “casa de descanso” de la Sedena en la Laguna de Bacalar, obra iniciada sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), fue revocada por mayoría del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, integrado por Teddy Abraham Torres López, Aarón Alberto Pereira Lizama y Lina Victoria Bolio Pasos. Los votos decisivos fueron de Pereira Lizama y Bolio Pasos, ambos electos el pasado 1 de junio en el nuevo modelo de elección del Poder Judicial Federal. El único voto en contra fue el del magistrado Torres López, con trayectoria y formación en materia judicial y derechos humanos.
De acuerdo con el portal de noticias Animal Político, el litigante José Mario de la Garza, integrante de Proyecto de Justicia Común (PROJUC), advirtió que el fallo exhibe las primeras consecuencias del nuevo Poder Judicial: “Un tribunal que ya no garantiza imparcialidad, que se inclina abiertamente a favor de la Sedena y en contra de la Constitución, incluso desconociendo criterios firmes de la Suprema Corte”, escribió en su cuenta en X.
La suspensión había sido obtenida por PROJUC y la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) para frenar la construcción irregular de la Sedena en un ecosistema frágil, kárstico y único como la Laguna de Bacalar. El juez de Distrito que conoció inicialmente el asunto identificó irregularidades ambientales graves y concedió primero suspensión provisional y luego definitiva, además de ordenar peritajes ambientales de oficio para documentar el daño potencial, siguiendo criterios de la Suprema Corte.
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Pese a ello, la Sedena buscó revertir las medidas con incidentes y recursos. Su argumento central fue que no requería una MIA porque la obra sería una “remodelación”, tesis que el abogado de la Garza calificó como falsa. Antes de ser relevado por la reforma judicial, el juez de Distrito ya había concedido la suspensión definitiva, pero el recurso de revisión llegó al Tribunal Colegiado, donde la nueva integración resolvió en sentido contrario.
Juzgadores de acordeones
Los perfiles de los nuevos magistrados se convirtieron en parte del debate público. La magistrada Lina Victoria Bolio Pasos, con formación en Derecho Fiscal y experiencia administrativa en el Ayuntamiento de Benito Juárez, no reportó experiencia judicial previa y fue señalada por aparecer en los “acordeones” internos que circularon durante la elección. El magistrado Aarón Alberto Pereira Lizama, también electo y mencionado dentro de esas listas, cuenta con formación en Derecho Procesal y Penal, además de cursos en materia mercantil, familiar y derechos humanos. Ambos votaron por revocar.
En contraste, el magistrado Teddy Abraham Torres López, con licenciatura en Derecho por la UADY, doctorado en Derechos Humanos y trayectoria en la carrera judicial, fue el único en votar en contra de la revocación. Su postura coincidió con precedentes de la Corte sobre flexibilizar el acceso al amparo en materia ambiental y sobre la obligación de proteger ecosistemas vulnerables.
Para el abogado De la Garza, la resolución representa “la consecuencia más clara y previsible de la Reforma Judicial”, al colocar en órganos terminales a personas sin experiencia jurisdiccional o con apoyos internos, con efectos directos sobre casos de alto impacto social y ambiental como Bacalar. “El Tribunal Colegiado prefirió sacrificar el derecho humano a un medio ambiente sano para beneficiar los intereses de la Sedena”, señaló.
Con la revocación, la Sedena queda en posibilidad de continuar los trabajos en el predio ubicado a orillas de la laguna, mientras las organizaciones promoventes preparan acciones para intentar restituir la medida cautelar.
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