Redacción
OAXACA DE JUÁREZ.— La consulta de revocación de mandato realizada en Oaxaca no alcanzó el 40 % de participación de la lista nominal, por lo que el resultado no será jurídicamente vinculante, aunque la mayoría de quienes acudieron a votar se pronunció a favor de que el gobernador Salomón Jara Cruz continúe en el cargo.
“Tiene que ser vinculante con cualquier resultado”, sostuvo el propio Jara Cruz tras emitir su voto, al plantear que el requisito de participación mínima debería eliminarse, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios nacionales.
El ejercicio convirtió a Oaxaca en la primera entidad del país en aplicar una consulta estatal de revocación de mandato, figura incorporada en su legislación desde 2023, la cual establece que el proceso solo tiene efectos legales si participa al menos 40 % del padrón.
De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aunque los cómputos distritales continuaban, se confirmó desde el cierre de la jornada que no se alcanzó el umbral requerido, por lo que el gobernador permanecerá en funciones independientemente del sentido mayoritario del voto.
La jornada estuvo marcada por más de 500 incidentes reportados oficialmente, incluidos casos de quema de boletas, relleno de urnas, retención de personal electoral e intimidación en municipios como Santiago Amoltepec, San Martín Mexicapam, Santa María Sola de Vega y San Juan Guichicovi, según reportes oficiales del propio órgano electoral.
En paralelo, el proceso exhibió una fractura política entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca. Dirigentes y cuadros del PT, entre ellos Benjamín Robles, promovieron abiertamente el voto para revocar el mandato, y en diversas casillas de la capital oaxaqueña se registraron resultados adversos para el gobernador, con proporciones de hasta dos votos contra uno a favor de su salida, según recuentos preliminares reportados por EL PAÍS.
Hasta el último corte público del IEEPCO, con alrededor de 7% de casillas computadas, el resultado parcial mostraba aproximadamente 60 % a favor de que continúe el gobernador y 38 % por la revocación, con una participación por debajo del umbral legal establecido.
