En un movimiento que sacude la cúpula judicial, la ministra Yasmín Esquivel Mossa retiró de último momento un proyecto que beneficiaba a Totalplay, la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Este proyecto buscaba desechar el recurso de hacienda en un litigio que involucra un crédito fiscal totalplay SCJN superior a 645 millones de pesos. La controversia constitucional se mantiene viva en la Suprema Corte.
El retiro estratégico y la batalla con la Secretaría de Hacienda
La ministra Yasmín Esquivel Mossa tomó la decisión de retirar un proyecto de discusión que estaba programado para la sesión de este jueves 16 de octubre de 2025 en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN).
El proyecto retirado proponía desechar el recurso de reclamación 291/2025, promovido por la secretaría de hacienda. Dicha dependencia busca que el alto tribunal revoque la admisión del amparo directo en revisión 2526/2025, interpuesto por totalplay.
El documento que fue retirado y que favorecía a la compañía señalaba lo siguiente:
- “Procede declarar infundado el recurso de reclamación que se analiza y confirmar el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veinticinco, emitido en el amparo directo en revisión 2526/2025”.
Al retirar este proyecto, la vía queda abierta para que el máximo tribunal analice el fondo del asunto, dejando pendiente la discusión sobre la constitucionalidad de la legislación impugnada.
Origen de la controversia fiscal: más de 645 millones de pesos
La controversia se inició cuando totalplay promovió juicios contenciosos administrativos para impugnar un crédito fiscal determinado en su contra por el servicio de administración tributaria (sat) el 6 de septiembre de 2017. El crédito fiscal inicial superaba los 645 millones de pesos.
Los montos y procesos involucrados son precisos:
- Crédito fiscal impugnado: $645 millones 763 mil 797.87 pesos.
- El tribunal federal de justicia administrativa (tfja) confirmó inicialmente el monto.
Inconforme, la empresa promovió un amparo directo (823/2017), el cual fue atraído por la extinta segunda sala de la SCJN. En marzo de 2024, la sala le concedió la protección constitucional para que la sala superior del tfja anulara la sentencia que determinó el crédito fiscal. Se ordenó emitir otra resolución que reconociera como deducibles las comisiones pagadas por la compañía a distribuidores.
El punto neurálgico: la deducibilidad de comisiones
El monto de las comisiones que la SCJN ordenó reconocer como deducibles ascendía a $621 millones 960 mil 96.63 pesos.
En cumplimiento, el pleno del tfja emitió una nueva sentencia en septiembre de 2024. Esta declaró la nulidad parcial de las resoluciones fiscales únicamente en el punto relativo a dichas deducciones, pero mantuvo la validez del resto del crédito. Además, ordenó a la autoridad fiscal a emitir una nueva determinación en un plazo de cuatro meses, conforme al artículo 52 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo (lfpcya).
El recurso de revisión y la constitucionalidad del artículo 52
La empresa de salinas pliego volvió a inconformarse mediante un segundo amparo directo (635/2024). En esta ocasión, la empresa cuestionó la constitucionalidad del artículo 52 de la lfpcya.
Totalplay consideró que el plazo otorgado a la autoridad violaba la seguridad jurídica al reabrir plazos de caducidad previstos en el código fiscal de la federación. El sexto tribunal colegiado en materia administrativa negó el amparo al estimar inoperante el planteamiento, lo que llevó a la quejosa a interponer un recurso de revisión ante la SCJN.
El proceso de revisión en la corte se consolidó de la siguiente manera:
- Admisión (25 de abril de 2025): La entonces ministra presidenta de la corte, norma piña, admitió el recurso de revisión 2526/2025 al advertir un tema constitucional relevante.
- Impugnación de hacienda: La secretaría de hacienda impugnó dicha admisión mediante el recurso de reclamación 291/2025.
- Turno a Esquivel Mossa: El asunto fue turnado a la ministra Esquivel Mossa el 2 de septiembre de 2025.
El retiro del proyecto por parte de la ministra Esquivel, que declaraba infundado el reclamo, es el factor que ahora garantiza que el máximo tribunal analice el fondo de la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCYA.
El retiro de este proyecto, que evitaba la discusión de fondo, significa que el litigio por el destino de los 645 millones de pesos y la validez del artículo 52 de la LFPCYA se decidirá en el pleno. ¿Qué implicaciones tendrá la inminente resolución de la SCJN sobre la seguridad jurídica fiscal para los grandes contribuyentes en México?
