Una profunda inquietud se ha desatado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras las denuncias de empleados de seguridad que aseguran haber sido forzados a renunciar. Este escenario surge en el marco de una ambiciosa «transformación» implementada por la nueva administración del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, la cual, si bien busca una mayor cercanía ciudadana, enfrenta acusaciones de coacción laboral y falta de transparencia.
La polémica transformación en la seguridad de la Suprema Corte
Trabajadores de la Dirección General de Seguridad de la SCJN han levantado la voz, denunciando que al menos 60 de sus compañeros fueron obligados a dimitir. La medida, argumentan, busca abrir paso a un nuevo esquema denominado «facilitadores», gestado por el equipo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en coordinación con el área de Ayudantía de la Presidencia de la República. Esta reorganización en el máximo tribunal mexicano plantea serias interrogantes sobre los derechos laborales y la legalidad de los procedimientos.
Denuncias de coacción laboral y despidos silenciosos
Cuatro integrantes del personal, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias en el pago de sus finiquitos, informaron a este medio que, tras la toma de posesión de los ministros el 1 de septiembre, se inició un proceso de solicitud de renuncia dirigido a directores generales, operativos y jefes de departamento. A pesar de las garantías iniciales de que el personal de base en los siete edificios de la SCJN no sería afectado, la práctica se extendió rápidamente.
Esta semana, las bajas comenzaron con el personal técnico en seguridad de nivel A, el más alto, y ayer se amplió la acción a niveles inferiores, llegando hasta la letra F. «Nos dicen que renunciemos por las buenas o por las malas; si es por las buenas, analizarán recontratarnos», relató uno de los afectados, evidenciando la presión ejercida sobre los trabajadores.
Los empleados presentaron a este medio pruebas contundentes de su denuncia, incluyendo un documento que, presuntamente, todos los seleccionados deben firmar. Este escrito es considerado ilegal, según la jurisprudencia mexicana sobre renuncia forzada y los criterios establecidos para probar coacción. El documento reza: «Por mi propio derecho presento ante usted mi renuncia voluntaria con carácter irrevocable con pleno conocimiento de mis derechos laborales… con efectos a partir del 15 de septiembre de dos mil veinticinco».
Fuentes internas señalaron que Juan Rodrigo Sandoval Bonilla, el nuevo director de Seguridad, instruyó evaluar a más de 185 trabajadores, solicitar la renuncia a los seleccionados y, posteriormente, indagar su interés en reincorporarse. Sin embargo, no existe garantía de recontratación y se exigen nuevos requisitos, como «compartir la visión de la nueva Corte».
La postura oficial: «Facilitadores» para una justicia inclusiva
En respuesta a la controversia, la Suprema Corte confirmó el pasado miércoles que ha puesto en marcha «una transformación en el área de seguridad». El objetivo declarado es acercarse a la ciudadanía, en especial a aquellos que históricamente han sido excluidos del sistema de justicia. La institución destacó la incorporación de personal hablante de lenguas indígenas para este fin.
No obstante, la Corte omitió en su comunicación oficial abordar las supuestas renuncias forzadas en el área de seguridad y tampoco mencionó el presunto asesoramiento que estaría recibiendo de la Presidencia de la República.
Según una tarjeta informativa emitida también el pasado miércoles, desde el 1° de septiembre, fecha en que la «Nueva Corte» abrió sus puertas, se implementó esta transformación en el área de seguridad, que funge como el primer punto de contacto para los visitantes. «El objetivo es que cada persona que nos visite se sienta incluida, representada y atendida con dignidad», señala el comunicado.
Los «facilitadores» son descritos como personal capacitado para orientar, acompañar y ofrecer un trato humano y accesible a quienes acudan al edificio sede para ingresar escritos, solicitar información, conocer la Corte o pedir audiencia. El cambio implica que los elementos de seguridad «dejan de desempeñar un papel solamente de contención para convertirse en facilitadores y en una auténtica ventanilla de servicios».
Este cambio forma parte de una reestructuración que modifica ciertas plazas laborales. Se prevé la incorporación de al menos una docena de personas, en su mayoría hablantes de lenguas indígenas como náhuatl u otomí, y la reubicación de 20 integrantes del personal. El propósito es fortalecer la primera línea de atención con perfiles que posean una marcada vocación de servicio ciudadano.
Un cambio de paradigma con sombras de opacidad
La implementación del modelo de «facilitadores» no es del todo nueva en el debate público; el 3 de septiembre pasado, La Jornada ya había informado sobre este modelo como primer filtro de atención ciudadana. Sin embargo, el contraste entre la visión inclusiva y transparente que proyecta la Corte y las denuncias de coacción en la gestión del personal de seguridad plantea un desafío serio a la credibilidad de esta transformación. ¿Es posible construir una justicia más cercana y humana si los pilares de su seguridad son erigidos sobre un terreno de presiones laborales y opacidad en la toma de decisiones?
