El Congreso congela reformas sobre desapariciones hasta escuchar a las familias
“Yo también tengo familiares desaparecidos”. Con esa frase, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, puso el acento humano a una de las reformas más delicadas del sexenio: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. La decisión del Congreso es clara: no habrá votación hasta que concluyan los diálogos con los colectivos de buscadoras.
El conflicto entre la urgencia institucional y el reclamo de justicia desde los territorios ha posicionado esta reforma en el centro del debate público.
Un compás de espera ante el reclamo ciudadano
La pausa que impusieron las víctimas
El pasado 1 de abril, el Ejecutivo federal envió al Senado dos iniciativas para reformar leyes clave sobre desaparición forzada y búsqueda de personas. Sin embargo, ante la presión de familiares de víctimas y organizaciones civiles, el proceso legislativo fue suspendido. La Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a abrir un diálogo antes de que el Congreso avance.
Ricardo Monreal, en conferencia de prensa, confirmó que las reformas no se discutirán hasta conocer los resultados de esos encuentros. “Tenemos que legislar con base en consensos”, afirmó.
El papel de la Segob y Rosa Icela Rodríguez
La secretaria Rosa Icela Rodríguez es la figura central del diálogo con los colectivos. Bajo su conducción, la Segob busca articular un proceso participativo, aunque la desconfianza persiste en muchos sectores. La participación activa de madres buscadoras ha sido crucial para frenar una reforma que, en sus palabras, no fue consultada ni consensuada.
¿Qué contienen las iniciativas presidenciales?
CURP con foto y huellas: ¿nueva era de identificación?
Uno de los cambios más discutidos es la transformación de la CURP en un documento nacional de identidad con foto y huellas dactilares. La medida implica la recolección de datos biométricos por parte de la Segob a través de centros habilitados, o mediante la transferencia de información de autoridades locales y federales.
La promesa es que esto permitirá acelerar la identificación de cuerpos en los servicios forenses. Pero el riesgo, según organizaciones, es la creación de un “súper registro” sin garantías suficientes de protección de datos.
Acceso irrestricto a bases de datos: el gran dilema
Otra propuesta polémica es que toda autoridad, pública o privada, que posea datos biométricos deberá permitir el acceso inmediato a la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, Guardia Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia.
Colectivos advierten que esto puede traducirse en vigilancia masiva, violación de derechos y uso discrecional de la información, en un país con antecedentes de abuso institucional.
Incentivos para delatores y Guardia Nacional en búsquedas
Las reformas contemplan reducir penas a quienes colaboren en la localización de personas desaparecidas. También se plantea involucrar a la Guardia Nacional en tareas de búsqueda específicas.
Para muchos familiares, esto resulta contradictorio, ya que algunas desapariciones han ocurrido presuntamente con participación de fuerzas del orden.
El Congreso se prepara para un periodo extraordinario
Tiempos legislativos contra el reloj
Monreal reconoció que el actual periodo ordinario —que concluye en 15 días— ya no da margen para aprobar estas reformas. Por ello, la Comisión Permanente del Congreso deberá convocar a un periodo extraordinario, probablemente en mayo, cuando las cámaras entren en receso.
Además de la reforma en desapariciones, se incluirán dos iniciativas más: una sobre competencia económica y otra sobre telecomunicaciones, claves para reasignar funciones tras la desaparición del IFT y la Cofece.
Contexto político y presión social
La desaparición como herida abierta
México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones con más de 110 mil personas no localizadas. En estados como Veracruz, Guerrero, Jalisco y el sur del país, los colectivos han ocupado el vacío institucional con su propio trabajo de rastreo, denuncia y documentación.
En este contexto, la reforma presidencial despierta sospechas. ¿Está pensada para fortalecer la búsqueda o para controlar la información? La respuesta no es evidente.
La voz de las buscadoras
Desde hace años, las madres buscadoras han sostenido que sus demandas son ignoradas por el aparato legislativo. Esta pausa representa una oportunidad única para que sus experiencias moldeen la legislación.
Sin embargo, temen que el diálogo sea solo una estrategia de contención. Si el Congreso aprueba las reformas sin modificar los puntos críticos, el conflicto podría escalar.
Una ley que no puede hacerse sin las víctimas
La decisión del Congreso de esperar a que termine el diálogo con las familias buscadoras es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero el riesgo está en el cómo: si las reformas no incorporan las exigencias de quienes viven la desaparición en carne propia, la ley nacerá herida.
El caso exhibe una de las tensiones más profundas del país: el intento del Estado por legislar desde el centro, mientras las víctimas reclaman ser escuchadas desde las periferias. La reforma a la Ley de Desaparición Forzada no puede ser una simple reestructuración administrativa. Debe ser un acto de justicia.
