La Secretaría de Gobernación presentó hoy, este lunes, 30 propuestas de modificaciones a 23 artículos de la iniciativa de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, enviada en marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas propuestas surgen tras foros realizados desde abril con 450 colectivos.
Avances y diálogo con víctimas
En la sede de la dependencia federal, la titular de la SG, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó la presentación de los avances de los encuentros. Se realizaron 84 mesas de atención en las que participaron mil 42 asistentes. La secretaría recabó 570 propuestas legislativas y de políticas públicas, sistematizadas por víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y sectores religiosos.
Rodríguez Velázquez afirmó que atender este tema es “una prioridad nacional”. Recalcó que “la visibilización de problemáticas de las personas víctimas es necesaria para asegurar el avance a la justicia y prevenir la impunidad”, así como para el diseño de política pública y la creación de conciencia social. Mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum “instruyó a atender, como prioridad del gobierno de México la búsqueda, localización e identificación de personas”.
La titular de la SG expresó su “más sincero reconocimiento a las víctimas” y su “compromiso para avanzar, hombro a hombro, para atender el profundo dolor”. Declaró: “Se los digo como secretaria de Gobernación, pero también como madre y como abuela”.
“Les respetamos, no nos es ajeno su dolor, sus preocupaciones, sus demandas y su lucha”, manifestó, y añadió que colectivos han platicado que sufren “no solamente por la falta, ausencia de sus seres queridos, sino también por las omisiones y maltratos de malos servidores públicos”. “Estamos comprometidas y trabajando para que esto no se repita”, aseguró.
Reconoció que, aunque se ha avanzado de la mano de las familias, “todavía hay mucho trabajo por hacer”. Señaló que “no se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las autoridades del país”.
Hizo un llamado a los servidores públicos para que “cumplan con la responsabilidad que les corresponde, respetando en todo momento la dignidad de las personas buscadoras”. También envió un “mensaje respetuoso al Congreso de la Unión”, indicando que estas reformas “no son solo de este gobierno”, sino que reflejan los diálogos y acuerdos con la mayoría de las familias.
En la reunión estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Arturo Medina; la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy; la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, entre otros.
Propuestas clave presentadas hoy
El subsecretario Arturo Medina explicó que entre los 30 cambios que se plantearán hoy al Congreso de la Unión se encuentran:
Implementar acciones de bienestar integral, con énfasis en hijos e hijas de personas desaparecidas.
Definir que los protocolos deberán incluir planes de seguridad y protección para las familias.
Establecer que toda autoridad que reciba un reporte de desaparición debe registrarlo de inmediato.
Las fiscalías deberán completar sin demora el registro, ordenar diligencias y entregar el número de carpeta a familiares.
Se sanciona la omisión de iniciar la investigación.
Crear una “Plataforma Única de Identidad segura y confiable”, donde se conocerá quién entra y a quién se busca, con datos protegidos. “Cualquier abuso será una falta grave”, explicó.
El Instituto Nacional Electoral (INE) podrá dar acceso a sus bases de datos a fiscalías, previo convenio.
Todas las autoridades competentes podrán hacer investigaciones.
Obligar a todas las instituciones con resguardo de cuerpos o restos humanos a asegurar trato y resguardo digno y mantener registros actualizados.
Establecer la realización de pruebas genéticas y dactiloscópicas de oficio antes de remitir restos a fosas comunes, individualizadas o lugares de resguardo.
Detallar los procedimientos para garantizar la identificación y disposición adecuada de restos no reclamados.
Eliminar el artículo 23 Bis propuesto originalmente, que prevenía la duplicidad de investigaciones.
- Obligar a la Comisión Nacional de Búsqueda a emitir el Protocolo para la activación de la Alerta.
La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Ernestina Godoy, insistió en que el tema “está clasificado como un asunto prioritario” y aseguró que no hubo “ninguna simulación”. Dijo que se atendieron los planteamientos de las víctimas, buscando que el Congreso de la Unión debata la iniciativa con sus modificaciones en el periodo extraordinario de sesiones que comenzó este día.
Las 30 propuestas buscan robustecer el marco legal para la búsqueda y localización de personas, reflejando el diálogo con quienes viven de cerca esta tragedia nacional. El compromiso declarado es avanzar para cumplir con la obligación estatal.
