En una decisión sin precedentes, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que permite a funcionarios de PEMEX, CFE, SAT y Banxico portar armas. La medida, que endurece también las penas por tráfico de armas y explosivos, abre la puerta a un nuevo capítulo en la militarización de funciones civiles en México.
El nuevo rostro armado de las instituciones civiles
Un cambio legal que reconfigura la seguridad institucional
La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue avalada con 105 votos a favor. Su aprobación marca un giro relevante al permitir que empleados de organismos civiles como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta el Banco de México (Banxico) porten armas de fuego en ejercicio de sus funciones.
Esta disposición no es automática: los funcionarios deberán justificar la necesidad de portar armas y cumplir con requisitos legales específicos. Sin embargo, el solo hecho de contemplar esta posibilidad en organismos tradicionalmente ajenos a la seguridad pública abre un debate sobre la militarización de la administración civil.
¿Qué se busca con esta medida?
La narrativa oficial apunta a que la medida busca proteger al personal de estas instituciones en contextos de riesgo. En regiones del país donde hay presencia del crimen organizado o se han documentado agresiones a instalaciones estratégicas, el Estado busca una mayor capacidad de respuesta de sus empleados.
Por ejemplo, instalaciones petroleras y eléctricas han sido blanco de ataques o sabotajes, y funcionarios del SAT han sido amenazados en operativos de combate al contrabando. Incluso en el ámbito financiero, Banxico ha sido clave en investigaciones delicadas sobre lavado de dinero.
Endurecimiento del marco penal: cárcel por tráfico y posesión indebida
Castigos más severos contra el tráfico de armas
Además del polémico permiso para portar armas, la reforma endurece drásticamente las penas por tráfico de armamento, como parte de una estrategia más amplia del gobierno federal contra el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos.
Las nuevas penas incluyen:
- Prisión de 4 a 8 años y multas de hasta 170 mil pesos para quienes trafiquen armas o municiones.
- Prisión de 7 a 30 años para quienes introduzcan al país aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, o equipo reservado a la Fuerza Armada Permanente.
Explosivos, armas 3D y pirotecnia: todo bajo lupa
En un esfuerzo por abarcar más riesgos emergentes, también se establecieron sanciones para el tráfico de explosivos y sustancias químicas, con penas que van desde los 6 hasta los 12 años de prisión.
Igualmente se criminaliza:
- La fabricación de armas 3D.
- El uso de artefactos explosivos improvisados.
- El envío de armamento por servicios de paquetería.
- La venta de pirotecnia sin permiso oficial.
¿Hacia una militarización institucional?
El papel de la SEDENA
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) seguirá siendo la instancia que autorice, niegue o cancele permisos de portación. Esto incluye:
- Licencias para armas automáticas de alto calibre (7.62 mm o superiores).
- Autorizaciones para portar armas en domicilio, para fines de legítima defensa.
Este control centralizado en la SEDENA fortalece aún más su papel dentro de la administración pública, alineándose con una tendencia creciente del sexenio actual: el fortalecimiento del poder militar en tareas tradicionalmente civiles.
PEMEX, CFE, SAT y Banxico: ¿nuevos actores armados?
El hecho de que entidades estratégicas pero civiles estén incluidas en esta reforma ha provocado reacciones mixtas:
- Por un lado, sectores oficialistas celebran que el Estado tome medidas para proteger sus recursos e instituciones clave.
- Por otro, analistas y organizaciones civiles advierten que esto podría sentar un precedente peligroso, donde las líneas entre lo civil y lo militar se diluyen.
Contexto político y territorial
Riesgos crecientes en el sureste y el Caribe mexicano
La iniciativa no puede desligarse del contexto territorial. En estados como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las actividades de PEMEX y CFE son esenciales. También han aumentado los reportes de violencia organizada, robo de combustibles y extorsión a empresas.
En la Riviera Maya, por ejemplo, los intereses económicos de gran escala y la presencia de operaciones de lavado de dinero han elevado la presión sobre organismos como el SAT y Banxico. En ese sentido, esta reforma también puede interpretarse como un intento de adaptar a las instituciones al entorno de riesgo que enfrentan en estas regiones.
Un país armado desde el escritorio
La reforma aprobada por el Senado no solo es legalmente significativa: es un mensaje político. México está endureciendo sus leyes contra el tráfico de armas, pero también está armando a sus instituciones civiles para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El equilibrio entre seguridad y militarización, sin embargo, será clave para evitar excesos.
Si bien el control sigue en manos de la SEDENA, el precedente es claro: ante un Estado incapaz de garantizar la seguridad plena, el derecho a portar armas comienza a permear más allá del Ejército y la Guardia Nacional.
¿Qué implicará esto a mediano y largo plazo? ¿Mayor protección o mayor riesgo institucional? La discusión apenas comienza.
