Milei endurece la migración en Argentina: salud restringida y deportaciones exprés
Una nueva reforma migratoria sacude el tablero político en Argentina. Javier Milei, presidente de extrema derecha, firmó un decreto que cambia radicalmente las reglas del juego para quienes desean residir en el país. ¿Orden o exclusión? El debate ya arde.
El giro radical: una migración bajo sospecha
En un contexto marcado por la polarización política y una carrera electoral clave en Buenos Aires, Javier Milei puso en marcha una reforma migratoria que refleja su visión de “orden” y “mérito”. A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno argentino modificó el régimen migratorio con tres ejes principales: facilitar la deportación de personas condenadas, endurecer el acceso a la ciudadanía y eliminar la gratuidad en el sistema de salud público para extranjeros en situación irregular o con residencia temporal.
Esta medida, que entrará en vigencia tras su publicación oficial, ya ha provocado un amplio rechazo por parte de organizaciones humanitarias y sectores opositores, que la consideran discriminatoria y regresiva. Sin embargo, desde el gobierno se defiende como una acción correctiva ante un sistema “caótico” heredado del kirchnerismo.
Seguridad y exclusión: el nuevo enfoque migratorio
Deportación inmediata a condenados
Uno de los puntos más polémicos del decreto es la agilización de los procesos de expulsión para extranjeros con antecedentes penales. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, “la actual política migratoria invita al caos y al abuso de muchos vivos”.
Esta medida se alinea con un discurso que vincula migración con inseguridad, una narrativa recurrente en administraciones de derecha en América Latina, como las de El Salvador o Estados Unidos, dos referentes ideológicos del actual gobierno argentino.
Salud pública bajo pago
Otro punto central del decreto es la supresión de la gratuidad de los servicios de salud pública para personas migrantes en situación irregular o con permisos temporales. Esto se justifica, según Adorni, por la supuesta existencia de “tours sanitarios” desde países vecinos: personas que llegan, se atienden gratuitamente en hospitales nacionales, y luego regresan a sus lugares de origen.
La medida contrasta con la ley aprobada en 2003, que garantiza el acceso universal a la salud en Argentina sin importar el estatus migratorio. Sin embargo, desde comienzos de 2024, provincias como Santa Cruz, Jujuy, Salta y Mendoza, así como la ciudad de Buenos Aires, ya habían comenzado a cobrar aranceles a extranjeros.
La narrativa oficial: orden frente al “populismo”
El gobierno no disimula su intención de marcar distancia con las políticas migratorias del pasado. El comunicado oficial que acompañó el anuncio señala que “las facilidades extremas para ingresar a Argentina” generaron que, en las últimas dos décadas, más de 1.7 millones de personas inmigraran de forma irregular. Aunque no se detalla cuántas de estas lograron regularizar su situación, estudios de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales estiman que más de un millón lo ha hecho en años recientes.
El discurso oficial también responsabiliza a “políticos populistas” por el “desorden” actual, aludiendo directamente a las gestiones peronistas como la de Cristina Fernández de Kirchner. En contraste, Milei se presenta como el arquitecto de un nuevo sistema migratorio basado en el mérito, el orden y la autosuficiencia.
Elecciones en puerta: ¿reforma o estrategia?
El contexto electoral no es menor. El anuncio se dio apenas días antes de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza, el partido de Milei, busca ganar terreno frente al PRO, que gobierna la capital desde hace 18 años. El endurecimiento de las políticas migratorias puede leerse también como una estrategia de consolidación del voto duro, apelando a sectores que asocian migración con sobrecarga de servicios públicos y criminalidad.
Una población migrante bajo presión
Perfil demográfico
Según el censo de 2022, en Argentina viven alrededor de 2 millones de personas nacidas en el extranjero, lo que representa el 4,2% de la población. Las comunidades más numerosas son las provenientes de Paraguay, Bolivia y Venezuela. Muchas de estas personas ocupan puestos clave en sectores como la construcción, el comercio y los servicios de cuidado.
Regularización parcial
A pesar de las críticas oficiales, los datos muestran que la mayoría de los migrantes han regularizado su estatus gracias a distintos programas estatales implementados en los últimos años. La narrativa de una “invasión” desordenada parece contrastar con la realidad de una integración progresiva, aunque con desafíos estructurales.
Argentina y su identidad migrante: ¿quiebre o continuidad?
Históricamente, Argentina fue un país receptor de migración. Desde las oleadas europeas del siglo XIX hasta las recientes llegadas de latinoamericanos, la diversidad ha sido parte de su tejido social. Esta reforma marca un giro ideológico que reconfigura no solo la política pública, sino también la narrativa nacional: ¿quién merece quedarse, quién merece salud, quién merece ciudadanía?
El decreto no solo impone nuevas reglas; también redefine el “nosotros” colectivo en un país construido por migrantes.
Entre el orden y la fractura social
La reforma migratoria de Milei no es solo una medida técnica: es un mensaje político. En nombre del orden y la eficiencia, Argentina redefine sus fronteras simbólicas y materiales. El debate apenas comienza. La historia dirá si este giro marcará un nuevo equilibrio o una etapa de mayor exclusión y fractura social.
