Justicia en campaña: entre la toga y la urna
En el sureste mexicano, donde la justicia suele llegar tarde o no llega, las campañas electorales para integrar el renovado Poder Judicial se han convertido en un espectáculo inédito.
Por primera vez, quienes aspiran a impartir justicia no solo deben demostrar conocimiento jurídico, sino también habilidad política y carisma mediático.
El proceso —promovido como parte de una profunda reforma estructural— pretende acabar con décadas de corrupción, lentitud y privilegios dentro de la judicatura. Pero también ha desatado dudas sobre su viabilidad y consecuencias.
La palabra clave que atraviesa toda esta narrativa es una: reforma judicial.
¿Qué implica realmente la reforma judicial?
Hacia un nuevo paradigma de justicia
Desde Palacio Nacional, la reforma judicial fue presentada como una transformación de fondo. El presidente de la República la defendió como un acto de justicia social, destinado a devolver al pueblo la confianza en sus instituciones. El mensaje fue contundente: ya no más jueces de élite, alejados del pueblo, ni fallos dictados bajo presión de cúpulas económicas o políticas.
Se propuso, entre otros puntos:
- Elección popular de jueces y magistrados, con campañas abiertas.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una suerte de contraloría interna con dientes.
- Reformas a la Ley de Amparo para evitar su “uso faccioso” y privilegiar el interés público.
- Revisión de las estructuras de poder al interior del Consejo de la Judicatura Federal.
Pero, ¿qué significa esto en la práctica para regiones como Quintana Roo, Yucatán o Campeche, donde las realidades judiciales son tan dispares como sus dinámicas económicas?
El impacto local: la toga en tierra caliente
Justicia en la Riviera Maya: lujo para pocos
En Playa del Carmen, por ejemplo, los casos de despojo de tierras, extorsión inmobiliaria y violencia contra activistas medioambientales han sido archivados o postergados sistemáticamente. La percepción ciudadana es clara: quien tiene dinero, gana. Esta reforma promete revertir esa narrativa, pero enfrenta obstáculos estructurales.
En comunidades como Felipe Carrillo Puerto o José María Morelos, donde el acceso físico a los tribunales ya es limitado, el cambio parece aún más lejano. Las estadísticas lo confirman:
- Solo 1 de cada 10 personas en comunidades rurales accede a un juicio en tiempo razonable.
- El 62% de los detenidos en cárceles de Quintana Roo no ha recibido sentencia.
- El 84% de las denuncias por desaparición en Yucatán entre 2020 y 2023 no se han judicializado.
La campaña por la toga: espectáculo y riesgos
¿Qué venden los candidatos judiciales?
Con el arranque de las campañas, los perfiles de los aspirantes a magistrados han invadido redes sociales, foros académicos y hasta programas de radio. Prometen:
- Juicios más rápidos.
- Sentencias con perspectiva de género.
- Cero corrupción en tribunales.
- Defensa efectiva para pueblos originarios.
Sin embargo, varios especialistas alertan sobre una contradicción estructural: la justicia no puede ni debe ser objeto de proselitismo.
El nuevo Tribunal de Disciplina: ¿vigilancia o censura?
Entre la rendición de cuentas y el miedo a decidir
Una pieza clave de la reforma es el Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá sancionar a jueces por errores graves o conductas indebidas. Pero la redacción del artículo 184 de la nueva Ley Orgánica ha encendido las alarmas.
Este enunciado, aunque lógico en teoría, abre la puerta a la criminalización del criterio judicial. Un fallo impopular podría volverse causal de castigo.
Además, se plantea la posibilidad de responsabilidad patrimonial del Estado por errores judiciales. Esto, en regiones con alta litigiosidad como Cancún o Mérida, puede generar una avalancha de demandas contra el erario.
Lo que está en juego
Más que una reforma, una refundación
La intención de fondo es noble: limpiar el poder judicial de sus vicios históricos. Pero para lograrlo se necesita más que elecciones y discursos: se requiere inversión, capacitación, voluntad política real y —sobre todo— respeto por la autonomía judicial.
El riesgo es enorme: politizar la justicia puede derivar en un sistema aún más débil y sometido. Si los nuevos jueces llegan con compromisos electorales, su neutralidad estará comprometida desde el primer día.
Además, esta reforma se cruza con un momento electoral clave: 2024 definirá no solo la presidencia, sino también el rumbo de instituciones clave en los próximos años.
¿Refundación o simulacro?
La reforma judicial en México, y su implementación en el sur del país, tiene el potencial de cambiar la forma en que se imparte justicia. Pero también puede volverse un arma de doble filo si no se gestiona con prudencia, transparencia y enfoque territorial.
¿Será esta la justicia del pueblo o solo otro capítulo de simulación institucional?
Los próximos meses serán decisivos. Y quienes aspiren a portar la toga, harían bien en recordar que la legitimidad no se gana en campaña, sino en la sala de audiencias.
