Una elección sin precedentes que podría redefinir el equilibrio de poderes
El domingo pasado arrancaron oficialmente las campañas rumbo a una de las elecciones más singulares en la historia reciente de México: la renovación parcial del Poder Judicial mediante el voto directo de la ciudadanía.
Esta iniciativa, sin precedentes, podría marcar un antes y un después en la forma en que se imparte justicia en el país, especialmente en regiones como el sureste mexicano, donde la desconfianza hacia los tribunales es profunda y cotidiana.
Hacia una nueva legitimidad del Poder Judicial
Justicia y democracia: un matrimonio por consumar
La decisión de someter a votación los cargos de jueces, magistrados y ministros representa un giro democrático significativo. Durante décadas, el Poder Judicial ha sido percibido como un órgano opaco, alejado de los intereses sociales y, en muchos casos, alineado con los poderes económicos y políticos más conservadores.
El sureste del país, incluyendo estados como Quintana Roo y Yucatán, ha experimentado estas tensiones de manera particular. Casos emblemáticos de impunidad, resoluciones judiciales contrarias a la voluntad popular o en favor de grandes intereses turísticos han debilitado la confianza en la justicia local.
“Lo que se busca es romper con esa visión elitista del Poder Judicial. Que sea el pueblo quien avale o rechace a quienes imparten justicia”, explicó una fuente del Instituto Nacional Electoral (INE) consultada por Caribe Peninsular.
Una oposición que también se viste de toga
El conflicto no es menor: sectores del propio Poder Judicial han actuado en los últimos años como una fuerza opositora frente a decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. Amparos, suspensiones y controversias constitucionales se han vuelto moneda corriente ante cualquier reforma estructural impulsada desde el gobierno federal.
La reforma pretende corregir ese desequilibrio y generar una nueva forma de legitimidad basada en el sufragio. Pero también despierta críticas: algunos juristas temen que la justicia se politice aún más.
Fallas del modelo actual y oportunidades para 2027
Un exceso de candidatos y una “tómbola” cuestionada
Uno de los puntos más criticados ha sido el procedimiento para seleccionar a los aspirantes. En esta primera edición, la llamada “tómbola” generó malestar entre observadores y opinadores. La propuesta de que cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presente un solo perfil por cargo podría aumentar la claridad y el foco del proceso.
“La tómbola banaliza el proceso. Necesitamos comparecencias públicas donde se evalúe la trayectoria y la visión de los candidatos”, comentó un analista electoral de Chetumal.
Tiempo de promoción: una ventana demasiado estrecha
Otra limitación ha sido el tiempo de campaña. Aunque en los hechos muchos aspirantes ya venían promoviendo su imagen desde antes, la normatividad les impedía declarar abiertamente su intención. Esta ambigüedad legal crea incertidumbre y podría subsanarse mediante una reforma electoral.
Medios de comunicación: la gran ausencia
A diferencia de otros cargos de elección popular, los candidatos a jueces y magistrados no tuvieron acceso garantizado a espacios en radio y televisión. Esta exclusión obstaculiza la equidad de la contienda. Para 2027, el reto será crear una estructura mediática proporcional y transparente.
Desafíos para una verdadera equidad electoral
Las iglesias y su injerencia política
La intervención de ministros religiosos en procesos electorales ha sido un tema delicado. En esta ocasión, el INE emitió lineamientos claros que prohíben el proselitismo desde los templos, incluso de manera “neutra”. No obstante, queda en manos de la Secretaría de Gobernación garantizar que se cumplan estas normas.
“La Constitución es clara: la religión no puede ser instrumento electoral. La vigilancia debería ser más estricta”, declaró una fuente jurídica del estado de Yucatán.
Promoción institucional: ausente por ley, pero necesaria
Un aspecto paradójico fue la prohibición para que las instituciones del Estado promovieran la participación ciudadana en esta elección judicial. Expertos consideran que esto debilita la pedagogía democrática, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la información es limitado.
Innovar desde lo local: propuestas para una mejor elección
Urnas electrónicas y boletas más claras
En estados con alto flujo turístico como Quintana Roo, donde miles de ciudadanos trabajan en horarios irregulares, las urnas electrónicas podrían facilitar el acceso al voto. Además, boletas de mayor tamaño, con diseños más intuitivos, mejorarían la experiencia del elector.
Capacitación ciudadana: el otro eslabón perdido
Si la justicia será electa, entonces el conocimiento ciudadano sobre el rol del Poder Judicial debe incrementarse. Campañas de educación cívica, especialmente entre jóvenes y mujeres, pueden fortalecer este nuevo modelo de participación.
En el Caribe mexicano, una esperanza de justicia cercana
La posibilidad de elegir jueces y magistrados abre una puerta a la esperanza para regiones donde la justicia ha sido vista como un privilegio ajeno. En municipios como Felipe Carrillo Puerto o Tulum, donde los conflictos de tierra, gentrificación y violencia de género se entrecruzan, contar con jueces sensibles al contexto local podría hacer la diferencia.
“Queremos jueces que conozcan el territorio, que entiendan las lógicas comunitarias. No burócratas venidos del centro”, reclama una lideresa maya entrevistada en la zona.
Democracia judicial, ¿utopía o posibilidad real?
La elección judicial de 2024 es apenas el primer paso de un proceso largo y complejo. Pero ya ha encendido una conversación nacional sobre la necesidad de democratizar la justicia.
Para que este nuevo modelo funcione, será vital escuchar a las regiones, corregir los errores de origen y construir mecanismos que garanticen que quienes lleguen al cargo lo hagan por méritos, no por alianzas.
Si la ciudadanía logra apropiarse de este derecho, podría finalmente comenzar a cambiar la relación entre pueblo y justicia.
