Por Leslie Gordillo
CANCÚN- La propuesta de reforma político-electoral impulsada por la Presidencia de la República ha generado posturas encontradas entre legisladores federales que representan a Quintana Roo, quienes coinciden en la necesidad de revisar el sistema, pero discrepan en el alcance y las implicaciones de los cambios planteados.
El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, aseguró que su bancada no está en contra de una reforma electoral, pero sí de modificaciones que, advirtió, puedan debilitar los contrapesos democráticos.
Señaló que la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) representarían un riesgo para la certeza de los comicios.
“Estamos en contra de la manipulación de los mecanismos democráticos. No nos oponemos a la austeridad ni a reducir el presupuesto a partidos, pero sí a una reforma que concentre poder y no garantice transparencia”, puntualizó.
El legislador panista subrayó además la necesidad de blindar las elecciones contra recursos de procedencia ilícita y pidió que se establezcan mecanismos claros para impedir la infiltración del crimen organizado en campañas políticas.
En contraste, el diputado federal de Morena, Humberto Aldana, defendió la iniciativa al señalar que responde a compromisos de campaña y que busca reducir el financiamiento a partidos políticos y ajustar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), sin eliminar los OPLEs, sino adecuando su presupuesto.
También contempla fortalecer la fiscalización en tiempo real para detectar recursos ilícitos en candidaturas y ampliar la representación de diputados migrantes.
Sostuvo que los cambios acercarán a los políticos con la ciudadanía y evitarán prácticas como la inclusión de perfiles cuestionados en listas plurinominales.
“Es una reforma que atiende temas que la gente pide”, aseguró.
Mientras la iniciativa formal llega a comisiones en la Cámara de Diputados, el debate anticipa una discusión intensa en torno al equilibrio entre austeridad, representación y garantías democráticas, en un contexto donde las fuerzas políticas mantienen visiones opuestas sobre el futuro del sistema electoral mexicano.
