Fiscales estatales demócratas y abogados del gobierno debatieron la reforma electoral Trump en corte federal. Estados presentaron demanda, argumentando que la propuesta presidencial interfiere con su poder y genera costos, cuestionando el derecho del presidente a imponer tales cambios en las elecciones federales.
La demanda estatal contra la reforma electoral Trump
Funcionarios de aplicación de la ley de 19 estados presentaron una demanda federal tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente republicano en marzo.
Según la demanda, las disposiciones de la orden presidencial interferirían con el poder de los estados para establecer sus propias reglas electorales.
Durante una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito en Boston, abogados de los estados expusieron ante la jueza Denise J. Casper que los cambios descritos serían costosos y difíciles de implementar rápidamente.
Argumentos desde los estados
El abogado principal de los estados, Kevin Quade, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de California, señaló que actualizar la base de datos de registro de votantes solo en California le costaría al estado más de 1 millón de dólares y podría tomar hasta un año.
Los abogados también argumentaron que realizar los cambios restaría tiempo a la preparación para la próxima ronda de elecciones, lo que potencialmente minaría la confianza pública en el proceso de votación.
“Las disposiciones de la orden ejecutiva generan dudas y sombras sobre la capacidad de los estados para implementar de manera justa las elecciones federales a nivel local, y esos tipos de daños a la buena voluntad y la reputación… no son del tipo que se puedan reparar fácilmente”, expresó Quade.
Disposiciones clave de la orden ejecutiva
La directiva electoral de Trump forma parte de una serie de órdenes ejecutivas emitidas en los primeros meses de su segundo mandato, muchas de las cuales han enfrentado impugnaciones legales. (Este punto puede conectarse con otros análisis sobre el uso de decretos presidenciales [ver más aquí si el texto lo sugiere]).
La orden surge tras años de afirmaciones falsas de que su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 se debió a un fraude generalizado. También sigue un año electoral donde él y otros republicanos promovieron la idea de que un gran número de no ciudadanos amenazaban la integridad de las elecciones. El texto proporcionado indica que el voto de no ciudadanos es raro y penalizado con cargos por delitos graves y deportación si se detecta.
La orden ejecutiva requería, entre otros puntos:
- Que los votantes muestren prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para elecciones federales.
- Prohibir contar boletas por correo o en ausencia recibidas después del Día de las Elecciones.
- Establecer nuevas reglas para el equipo de votación.
- Prohibir a los no ciudadanos donar en ciertas elecciones.
- Condicionar la financiación de subvenciones federales para elecciones a que los estados cumplan la estricta fecha límite para las boletas.
El argumento gubernamental por la uniformidad
La abogada del Departamento de Justicia, Bridget O’Hickey, defendió la orden, señalando que busca proporcionar un conjunto único de reglas para ciertos aspectos de las operaciones electorales, evitando un mosaico de leyes estatales.
“La confianza pública en las elecciones es fundamental para el éxito de la república, y el gobierno cree que la mejor manera de lograrlo es tener procedimientos uniformes”, manifestó.
O’Hickey sostuvo que el daño argumentado por los estados es mera especulación.
Desafíos legales adicionales y puntos de conflicto
La demanda actual es una de tres presentadas contra la orden ejecutiva. Una fue interpuesta por Oregon y Washington, estados donde las elecciones se realizan mayoritariamente por correo y se cuentan las boletas recibidas después del Día de las Elecciones siempre que tengan matasellos de esa fecha.
Una disposición clave, la que crearía un requisito de prueba de ciudadanía, ya fue detenida en una demanda previa de grupos de derechos civiles y de votación y organizaciones demócratas nacionales. Un juez dictaminó que el intento del presidente de usar una agencia federal para establecer este requisito usurpaba el poder de los estados y del Congreso.
En la audiencia del viernes, donde los estados buscaron una orden judicial preliminar, la exigencia de la orden de contar solo boletas recibidas para el Día de las Elecciones generó considerable atención.
Al defender la disposición de la fecha límite, O’Hickey argumentó que las boletas enviadas por correo recibidas después del Día de las Elecciones podrían ser manipuladas. Sugirió que las personas podrían recuperar y alterar sus votos basándose en los primeros resultados para “prevenir la reemisión de boletas”. El texto proporcionado no aclara cómo tal cosa podría suceder, y menciona que los estados tienen medidas de seguridad para asegurar que cada votante elegible emita solo una boleta.
Respondiendo por los estados, la fiscal general adjunta de California, Anne Bellows, explicó que todas las boletas recibidas después del Día de las Elecciones requieren un matasellos que pruebe que fueron enviadas en o antes de esa fecha, invalidando las enviadas después.
“Simplemente no hay un mundo en el que se otorgue una diferencia significativa a los votantes ausentes que no se dé a los votantes que votan en persona”, señaló Bellows.
Análisis de los intereses en juego
El argumento gubernamental a favor de una fecha límite nacional para las boletas contrasta con el enfoque de los republicanos a nivel nacional. En los últimos años, estos han criticado a los demócratas por “extralimitación federal” al proponer ciertos estándares de votación uniformes.
La orden ejecutiva también encarga a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) actualizar el formulario de registro federal para exigir documentación que demuestre ciudadanía. Disposiciones similares previas han generado preocupaciones sobre la posible privación de derechos a votantes elegibles que no pueden acceder fácilmente a documentos, como mujeres casadas que necesitarían certificado de nacimiento y licencia de matrimonio si cambiaron su apellido.
El Departamento de Justicia argumentó que la orden ejecutiva de Trump se basa en su autoridad para ordenar a los funcionarios “que cumplan con sus deberes legales”. Agregó que “los únicos posibles votantes a los que despoja de sus derechos son los no ciudadanos que, de todos modos, no son elegibles para votar”.
La batalla legal por la reforma electoral Trump revela un profundo conflicto de poder entre la administración federal y los estados, exacerbado por narrativas sobre la integridad electoral. Más allá de los costos y la logística, el debate subraya la tensión sobre quién define las reglas del juego democrático en EE.UU., exponiendo intereses políticos bajo un velo de uniformidad.
