Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Aunque la iniciativa de la ley de amparo contempla avances como la digitalización de los procesos y la agilización de plazos, también representa riesgos significativos para la defensa de los derechos humanos en México.
El juicio de amparo, es considerado un mecanismo de protección reconocido internacionalmente y entre los aspectos positivos de la propuesta se destacan la incorporación de notificaciones electrónicas y la obligación de que las sentencias posteriores a la audiencia constitucional se emitan en un plazo máximo de 60 días.
“La reforma no debe aprobarse sin un análisis profundo, pues significaría un retroceso frente a los avances alcanzados en materia de derechos humanos y en los compromisos internacionales de México”, puntualizó el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Mauro Carmona.
Sin embargo, consideró preocupante la manera en que se pretende limitar la figura del interés legítimo, herramienta clave que ha permitido a colectivos y grupos vulnerables defenderse de actos de autoridad, como ocurrió en el caso de Malecón Tajamar en Cancún o en los amparos promovidos para reconocer derechos a parejas del mismo sexo.
Otros puntos críticos incluyen las restricciones a la suspensión provisional, medida cautelar esencial para evitar daños irreparables, y la inclusión de una cláusula que permitiría a las autoridades excusarse de cumplir sentencias de amparo bajo el argumento de “imposibilidad jurídica o material”.
De aprobarse en sus términos, advirtió, la reforma colocaría en estado de indefensión a miles de ciudadanos y reduciría la eficacia de este instrumento constitucional.
