La reciente aprobación de la reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados ha desatado una tormenta de reacciones. Prometida como un arma contra la corrupción y la evasión fiscal, la iniciativa es vista por la oposición como un golpe directo a empresas y ciudadanos. ¿Estamos ante un avance o un retroceso en el sistema aduanero mexicano?
Aprobación y controversia de la Ley Aduanera
La reforma a la Ley Aduanera fue aprobada con 343 votos a favor, provenientes de los diputados oficialistas, frente a 123 votos en contra. Se argumenta que busca:
- Combatir la corrupción.
- Reducir la evasión fiscal y el contrabando.
- Asegurar una competencia más justa para la industria nacional.
- Aumentar la recaudación fiscal.
Sin embargo, la oposición, liderada por diputados como Emilio Lara Calderón del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano (MC), advierte sobre los efectos negativos para las pequeñas y medianas empresas, así como para los ciudadanos.
El consejo aduanero y sus integrantes
La reforma también contempla la creación del Consejo Aduanero, integrado por:
- La Secretaría de Hacienda.
- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Este nuevo organismo busca, en teoría, fortalecer la supervisión y el control en las aduanas del país.
Voces de la oposición
Emilio Lara Calderón, diputado del PRI, fue contundente: «Esta decisión no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos».
Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, añadió: «Lo que sí hace es aumentar la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado: los agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas, pequeñas y medianas empresas».
¿Será que esta reforma, disfrazada de modernización, terminará estrangulando a quienes menos tienen?
