Reducción de salarios y cancelación de privilegios en la SCJN

Claudia Sheinbaum informó la reducción de percepciones de ministros de la SCJN de $206 mil a $134 mil, cancelando beneficios extraordinarios por más de $8 millones.
Reducción de salarios y cancelación de privilegios en la SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 27 de enero de 2026 que las percepciones salariales netas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se redujeron de $206 mil a $134 mil pesos, un cambio impulsado por la nueva integración del Órgano de Administración Judicial. Esta modificación presupuestaria fue más allá del salario, eliminando 59 de los 149 apoyos extraordinarios y privilegios financieros que beneficiaban a los integrantes de la Corte.

El informe, presentado por Sheinbaum durante una conferencia matutina y basado en datos del Órgano de Administración Judicial, muestra una disminución sustancial en las remuneraciones y beneficios accesorios que han sido objeto de debate público. La cancelación de estos apoyos responde a una reorganización interna de las finanzas del Poder Judicial, buscando alinear los salarios con la normativa y el contexto económico actual.

El nuevo esquema de remuneraciones en la Suprema Corte

El cambio más evidente se produjo en la percepción mensual neta de los ministros. De acuerdo con el reporte, la integración actual de la Corte recibe $134 mil pesos, cifra notablemente menor a los $206 mil pesos netos que se pagaban en las gestiones anteriores.

Esta reestructuración también impactó en el aguinaldo anual, que se ajustó de $585 mil pesos a $377 mil pesos. Estas reducciones son parte de las 59 cancelaciones de apoyos extraordinarios de un total de 149 que existían previamente en la estructura de la SCJN.

La cancelación de beneficios extraordinarios: Los datos que pocos ven

Más allá de la reducción salarial, el núcleo de la reforma financiera se centra en la cancelación de beneficios millonarios que, hasta ahora, complementaban las remuneraciones de los ministros. Estos beneficios, que suman cifras considerables, reflejan privilegios que han quedado expuestos tras la revisión interna.

Privilegios cancelados y su impacto económico

La cancelación de 59 apoyos extraordinarios incluyó partidas con cifras muy altas, demostrando que el costo real de las prestaciones de los ministros iba mucho más allá del salario nominal.

| Beneficio Cancelado | Monto Anterior (MXN) | Impacto | | :— | :— | :— | | Apoyo de Alimentos | $5,341,000 | Cancelado | | Medicinas Complementarias | $1,953,000 | Cancelado | | Prima de Riesgo | $639,917 | Reducido a $0 | | Seguro de Separación Individualizada | $523,000 | Cancelado | | Seguro de Gastos Médicos Mayores | $36,000 | Cancelado | | Chequeos Médicos | $35,966 | Cancelado |

Resulta clave el cese de beneficios como el Apoyo de Alimentos, que ascendía a $5 millones 341 mil pesos, y la partida de Medicinas Complementarias, con un costo de $1 millón 953 mil pesos. Asimismo, la prima de riesgo de $639 mil 917 pesos fue llevada a cero, y se eliminaron el Seguro de Separación Individualizada de $523 mil pesos y el seguro de gastos médicos mayores de $36 mil pesos.

El contexto de las camionetas blindadas

El anuncio sobre la reducción de percepciones se produjo en medio de una polémica sobre el uso de vehículos oficiales de lujo. En este contexto, la Suprema Corte ha señalado públicamente que cederá las camionetas blindadas a los jueces que enfrenten riesgos reales.

La presidenta Sheinbaum consideró positivo que la Corte se desistiera de adquirir vehículos nuevos, alineando la decisión con un enfoque de austeridad. La Corte, por su parte, emitió una declaración significativa sobre su postura, indicando que «No hacemos oídos sordos, podemos viajar en Metro», lo que sugiere un esfuerzo por mejorar la imagen pública del Poder Judicial y demostrar empatía social.

Este informe fue divulgado el 27 de enero de 2026 y fue redactado por Jorge Ángel Pablo García Alonso Urrutia y Emir Olivares, abordando un tema que continúa siendo central en la política nacional: la transparencia y el costo operativo de los órganos de justicia.

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