Colombia se sumerge en una profunda conmoción tras una jornada marcada por el recrudecimiento de la violencia en Colombia, con dos ataques atribuidos a disidencias de las FARC. Estos sucesos, que dejaron 18 muertos y 65 heridos en Cali y Amalfi este jueves, han sido calificados por el presidente Gustavo Petro como «un día de muerte», elevando la presión sobre su gobierno.
Colombia bajo ataque: Una jornada de muerte y conmoción
Los hechos ocurridos este jueves en Colombia corresponden a dos graves ataques. Un atentado con explosivos contra una base militar en Cali, Valle, y el derribo de un helicóptero en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento de Antioquia, sacudieron al país.
La prensa local calificó los sucesos de Cali como los «peores ataques terroristas» desde 2019. En aquel año, la guerrilla ELN protagonizó un atentado con carro bomba contra la escuela policial General Santander, en el sur de Bogotá, dejando 21 muertos.
Ataque en Cali: Explosiones y conmoción urbana
El ataque con explosivos en Cali, una ciudad de 2.2 millones de habitantes, fue perpetrado con cilindros bomba cargados en un camión, según la policía. Las autoridades señalaron que el objetivo era la base aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en el norte de la ciudad.
Testigos en el terreno informaron a la agencia de noticias AFP haber escuchado explosiones cerca de la base, reportando muchas personas heridas y varias viviendas dañadas. La explosión, que cobró la vida de seis civiles, tuvo lugar cerca de las 15:00 hora local.
Como respuesta inmediata, diversos edificios fueron evacuados y la alcaldía informó de cierres de calles y restricciones en la circulación. En la misma zona se detectó la presencia de una furgoneta con cilindros bomba en su interior, aunque posteriormente se descartó que estuvieran cargados.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó un estado de emergencia en la ciudad. Adicionalmente, anunció una prohibición temporal del ingreso de camiones de gran tamaño y ofreció una recompensa de US$100.000 para quienes colaboren con las autoridades.
El departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, ha sido un blanco frecuente de ataques en los últimos meses. El pasado 10 de junio, el Estado Mayor Central (EMC) se atribuyó la responsabilidad de una oleada de explosiones y ataques armados que dejaron siete muertos. Otros 12 atentados ocurrieron en el vecino departamento del Cauca, en los que fallecieron ocho personas.
Esta región del país es un punto de confluencia para varias disidencias de las FARC, facciones herederas del paramilitarismo y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Todos estos grupos se disputan el control territorial y mantienen una pugna armada entre sí y contra el Estado colombiano.
El derribo del helicóptero policial en Amalfi
Horas antes de las explosiones en Cali, el general de la policía, Carlos Fernando Triana, calificó como «acción terrorista» el derribo de un helicóptero policial con un dron en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 12 agentes. Según Triana, estas acciones se produjeron «contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución».
La emisora de radio W reportó que el ataque con drones ocurrió mientras la aeronave «se dirigía a apoyar a un grupo de policías que adelantaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos». Inicialmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado al Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas de Colombia. Sin embargo, posteriormente afirmó que fue obra de la facción escindida del EMC liderada por el comandante Alexander Díaz Mendoza, alias de Calarcá.
Posibles responsables y la fragmentación de las disidencias
La explosión en Cali se adjudicó a integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia dirigida por alias Iván Mordisco. Por su parte, el derribo del helicóptero en Antioquia se relacionó con el frente 36 de la disidencia dirigida por alias Calarcá.
Iván Mordisco y Calarcá solían dirigir una misma estructura armada, autodenominada como Estado Mayor Central. No obstante, esta se escindió en abril de 2024, y la facción dirigida por Calarcá fue rebautizada como Estado Mayor de Bloques y Frentes. Es importante señalar que, hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuido oficialmente la autoría de los ataques.
De acuerdo con reportes de la prensa local, ciudadanos detuvieron a un hombre desarmado que intentaba huir de la escena de explosiones en Cali. Más tarde, el presidente Petro compartió en su cuenta de X que se trata de un individuo identificado como alias Sebastián, quien supuestamente pertenece a una de las estructuras de EMC, dirigidas por Iván Jacob Idrobo, alias Marlon.
El mandatario, en conferencia de prensa, dijo que el atentado fue ejecutado por «dos personas, sin armas, pero cargadas de explosivos, que salieron corriendo apenas uno de los camiones se activó, y que la población ayudó a capturar en el barrio contiguo». La Fiscalía colombiana confirmó que «dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos» en Cali fueron puestos a disposición de esta entidad.
La Fiscalía indicó en X que «la información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc» en Cali. Esta institución también verifica y analiza las estructuras criminales que operan en la zona donde se derribó el helicóptero. «A partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc», añadió la Fiscalía en X sobre el caso de Amalfi.
Desde 2016, diversas disidencias de las FARC emergieron tras el acuerdo de paz entre el gobierno y la mayor parte de esta guerrilla. Desde entonces, las disidencias han sufrido escisiones, generándose un escenario de conflictos simultáneos en los que confluyen varios grupos armados fragmentados.
Implicaciones y reacciones del gobierno Petro
Los últimos ataques aumentan la presión sobre el gobierno de Petro. Sus opositores señalan que la postura conciliadora del primer ejecutivo hacia los grupos armados tiene relación con este repunte en la violencia que, aunque no alcanza los niveles de décadas pasadas, genera una preocupación creciente en el país.
A principios de este mes, Colombia ya había lamentado el fallecimiento del candidato presidencial conservador Miguel Uribe, de 39 años, quien en junio fue baleado durante un acto de campaña en Bogotá. Guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y cárteles aún controlan zonas de Colombia, pero el país había disfrutado de años de relativa calma. Sin embargo, se ha producido un reciente aumento de la violencia que, según los expertos, demuestra que los grupos armados están recuperando fuerza y capacidad para llevar a cabo ataques coordinados y complejos. Los colombianos temen un retorno a la violencia de las décadas de 1980 y 1990, cuando eran comunes los ataques de los cárteles, la violencia guerrillera y los asesinatos políticos.
Después de lo sucedido, el presidente Petro viajó a Cali, donde tuvo una reunión con altos cargos militares y funcionarios de diversos ministerios de su gobierno. Aunque en un principio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre la posibilidad de establecer un «estado de conmoción interior», esta idea fue descartada por el primer mandatario el mismo jueves. No obstante, se ordenó la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender las secuelas de la emergencia. De acuerdo con el periódico El Tiempo, se aumentará la presencia militar en la zona. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que el objetivo del PMU será recuperar sectores del sur del Valle del Cauca.
En respuesta a los ataques del jueves, Petro anunció que los guerrilleros disidentes de las FARC leales al líder Néstor Gregorio Vera, otro grupo conocido como la «Segunda Marquetalia» y el cartel más grande del país, el Clan del Golfo, serían declarados como «organizaciones terroristas».
