Redacción
CANCÚN.- Ante la reforma nacional de transparencia y en busca de realmente garantizar una ley que permita fortalecer las confianza en las instituciones de gobierno local, se presentaron varias recomendaciones ciudadanas.
Desde Ciudadanos por la Transparencia, se hizo énfasis en que son ya 20 años de aprendizajes en materia de acceso a la información y ahora Quintana Roo vive un momento clave donde puede garantizar una ley de transparencia que realmente sirva a las personas.
“La voz de la ciudadanía y de las organizaciones civiles es más importante que nunca frente a los retos inmensos que se viven en el país como la inseguridad y el cambio climático. La transparencia en este contexto complejo puede ser la diferencia entre un estado vibrante o la erosión de la calidad de vida para todos”, presentó Cinthia Dehesa, de Ciudadanos por la Transparencia.
El acceso a la información, enfatizó, es un derecho humano que implica que los datos públicos deben responder a las necesidades reales de la sociedad: saber cómo se usan los recursos, cómo se toman las decisiones y una clara rendición de cuentas del quehacer gubernamental.
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“Necesitamos una transparencia que tenga impacto social, que ayude a combatir la corrupción, mejorar la rendición de cuentas y abrir espacios reales de participación ciudadana”, puntualizó.
Ante esto, las organizaciones civiles propusieron que algunos puntos sean integrados en próxima reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la información de Quintana Roo como: mantener la progresividad de la ley; el acceso a la información debe ser oportuno; armonización de las leyes; la ley debe garantizar el derecho a entender.
También rendición de cuentas como obligación inherente de las instituciones; mejorar la calidad de la información que recibe la ciudadanía; garantizar la accesibilidad de toda la información pública; garantizar la Apertura Institucional real y prevenir la simulación en sus procesos; reconocer el acceso a la información ambiental como un derecho humano, en línea con el Acuerdo de Escazú.
Así como garantizar el derecho a la información de todo proyecto social o con impacto ambiental; coordinación y claridad de responsabilidades para que el sistema funcione, integrar en la ley el fortalecimiento municipal en materia de transparencia; armonizar su legislación
local con la Ley General de Archivos; y cuidar el lenguaje de la ley.
