Ex trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) protestaron el 20 de enero de 2026 afuera de Palacio Nacional en Ciudad de México, exigiendo el pago de su indemnización legal. Argumentan que la terminación laboral se dio por la extinción del organismo, y no por renuncia voluntaria, lo que viola sus derechos.
El conflicto por la desaparición del IFT
El 20 de enero de 2026, una comitiva de ex trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se manifestó públicamente para hacer sentir su inconformidad. Los autores del reporte son Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, quienes documentaron la protesta que tuvo lugar frente a Palacio Nacional.
La demanda principal radica en que el pago de la indemnización no se realizó conforme a la ley. Los ex empleados señalan que, a pesar de que la terminación laboral se originó por la extinción del organismo constitucional, se les pretende obligar a acudir a tribunales para obtener la reparación económica. Esto contrasta con lo ocurrido en otros órganos que, en la misma situación administrativa, sí respetaron los derechos laborales.
Los manifestantes recordaron que, cuando se instrumentó la desaparición de órganos constitucionales, como fue el caso del IFT, se aseguró que la medida no afectaría a los trabajadores. Sin embargo, en su caso, no solo se quedaron sin empleo, sino que tampoco fueron indemnizados.
Más notas de política y seguridad
Mientras los ex trabajadores del IFT mantenían su reclamo, se produjeron otros eventos de relevancia en el ámbito político y de seguridad, marcando la jornada del 20 de enero de 2026.
Detención de un fugitivo en Matamoros
Se confirmó la detención en Matamoros de José Ignacio ‘N’, quien era considerado un «objetivo prioritario». Esta persona también figuraba como fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Las autoridades lo relacionan con actividades ilícitas como el tráfico de armas y drogas, además de lavado de dinero.
Condenas contra miembros del crimen organizado
Dos individuos de nacionalidad venezolana recibieron una sentencia condenatoria por su vinculación con el grupo delictivo conocido como el CJNG. Ambos fueron juzgados por portación de arma y cartuchos de uso exclusivo.
Tras su captura, en la que se les incautaron armas y cartuchos, se integró la carpeta de investigación correspondiente. Mediante el procedimiento abreviado —un mecanismo judicial donde los imputados reconocen su responsabilidad—, obtuvieron una pena de 8 años 10 meses 20 días de prisión.
Traslado de operadores criminales a Estados Unidos
El gobierno mexicano ejecutó el traslado de 37 operadores vinculados a distintas organizaciones criminales hacia Estados Unidos.
El secretario García Harfuch informó sobre la operación. El traslado se llevó a cabo a bordo de siete aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Armadas, llevando a los individuos a varias ciudades estadounidenses. Las ubicaciones de destino incluyeron Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
El caso de los ex trabajadores del IFT nos recuerda el desfase que existe entre las promesas gubernamentales durante las reestructuraciones institucionales y la realidad legal que enfrentan los individuos que pierden su sustento. Cuando la extinción de un organismo se convierte en una batalla judicial por derechos básicos, la autoridad moral de las reformas se debilita. ¿Qué implica realmente para el estado de derecho forzar a sus ex empleados a litigar lo que por ley ya les corresponde?
