Agencias
COZUMEL.- Trabajadores turísticos que operan en la Marina de Cozumel manifestaron este día su inconformidad ante los contratos que pretende implementar la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), al considerar que no garantizan seguridad jurídica ni condiciones equitativas para realizar sus actividades operativas y de desarrollo dentro de este recinto portuario.
Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Turísticos y Usuarios de la Marina Cozumel señalaron que se trata de un conflicto que arrastran desde que la Marina fue concesionada bajo un esquema de cesión de derechos; situación que –aseguran– se ha agravado con la propuesta de nuevos contratos que desconocen antecedentes previos y derechos adquiridos.
Wiliam Güemez Vidal, presidente de la agrupación, indicó que las nuevas condiciones los dejan en una posición vulnerable, incluso con la posibilidad de perder sus espacios de atraque.
“Son contratos que estamos quedando nosotros muy vulnerables en todos los aspectos, que podemos perder hasta nuestro lugar de atraque si ellos lo deciden así”, afirmó.
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Agregó que las cláusulas actuales deslindan a la administración de cualquier responsabilidad sobre las embarcaciones y limitan la posibilidad de emprender acciones legales.
Además, explicó que aceptar estos documentos implicaría iniciar desde cero, sin reconocimiento de su historial dentro de la marina.
Por su parte, Adrián Angulo señaló que el principal objetivo del grupo es contar con certeza a largo plazo. “Más que nada lo que buscamos nosotros es una certeza, una seguridad de que nuestras embarcaciones tengan un espacio seguro a largo plazo”, expuso.
Los trabajadores indicaron que, aunque se ha mencionado como fecha límite la primera quincena de abril para la firma de contratos, la administración ha señalado que no son obligatorios y que no contempla desalojos.
Sin embargo, los inconformes consideran que existen condiciones implícitas que los dejan en desventaja y con incertidumbre sobre su permanencia.
En ese sentido, Alberto Angulo Sauri, usuario de la Marina desde su operación en la zona de Caleta, subrayó que no existe rechazo al pago de tarifas, ya que incluso se ha alcanzado un acuerdo económico.
“La única piedra en el zapato es la letra chiquita de los contratos”, dijo.
Detalló que algunas cláusulas permitirían la cancelación unilateral del espacio en un plazo de 15 días, lo que generaría incertidumbre para los usuarios y sus familias.
“La certeza jurídica a mediano y largo plazo es lo que estamos luchando”, agregó.
Los prestadores de servicios reiteraron que buscan mantener el carácter social de la Marina, la cual —afirman— fue creada para apoyar a trabajadores del mar y generar actividad económica local, por lo que esperan continuar el diálogo con la administración para modificar las condiciones contractuales.
Como antecedente, los inconformes recordaron que la operación de la Marina ha pasado por distintas administraciones, desde el esquema vinculado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hasta la actual gestión, a cargo de la Asipona, lo que ha generado cambios en las condiciones de operación para los usuarios.
Los manifestantes fueron finalmente atendidos por un representante de la Asipona, quien se comprometió a gestionar mesas de trabajo entre los inconformes y autoridades portuarias.
SIM
