Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- Una profunda preocupación es el sentir del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano ante la iniciativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo para incrementar 25% el pago del derecho VISITAX y obligar a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios del cobro.
Esta propuesta , señalaron, representa un daño grave a la competitividad y viola principios constitucionales, desincentivan las visitas y la inversión, y deterioran la experiencia del viajero.
«Lejos de fortalecer la recaudación, la medida compromete la competitividad de la entidad, vulnera la certidumbre jurídica de hoteles, prestadores de servicios turísticos -convertidos indebidamente en retenedores-, así como de inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores, y amenaza al principal motor económico de Quintana Roo», advirtieron desde el Consejo, presidido por David Ortiz Mena.
Además, señalaron, atenta contra el Plan México, cuyo eje rector es mejorar la percepción internacional sobre el país, disminuir cargas al visitante, y fortalecer la confianza para detonar el turismo como palanca estratégica de desarrollo. En lugar de abonar a este compromiso, el nuevo esquema encarece injustificadamente la visita, deteriora la experiencia del viajero y erosiona los incentivos para invertir en destinos nacionales.
Y mientras otros destinos internacionales están ajustando cargas fiscales a la baja para atraer más visitantes, la propuesta del gobierno del estado va en sentido contrario y coloca a México en clara desventaja competitiva, en una región donde la demanda turística es altamente sensible a incrementos de costos.
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Aunado a ellos, mencionaron, por razones operativas y contractuales, los hoteles no pueden trasladar este nuevo cargo a tarifas ya negociadas internacionalmente, con meses de anticipación. Adicionalmente, dispersar la cobranza del VISITAX en miles de prestadores multiplica los riesgos de cobro indebido, genera inconsistencias, confusión para el viajero, y fricciones que afectan directamente la percepción del destino.
En destinos como Chetumal o Bacalar, explicaron, el cobro del VISITAX a una pareja de personas, puede equivaler a casi una noche completa de hospedaje, esto afecta de forma desproporcionada a los hoteles accesibles y a negocios familiares, y poniendo en riesgo el futuro del modelo multidestino que distingue al Caribe Mexicano.
«La propuesta viola principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la responsabilidad solidaria requiere una vinculación directa con el hecho imponible. Pretender que los hoteles recauden un impuesto por el uso de infraestructura pública, un hecho que es ajeno al servicio de hospedaje, es una delegación indebida de atribuciones del Estado y, por ende, inconstitucional.
Insistir en esta propuesta es una mala idea que vulnera la certeza jurídica y económica del principal motor turístico del país», añadieron.
Ante esto, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reiteró su compromiso con el desarrollo de Quintana Roo, pero no a costa de la viabilidad del sector.
«Hacemos un llamado urgente a las autoridades a reconsiderar esta iniciativa que erosiona la base económica fundacional del turismo de nuestro estado sin fortalecer, de ninguna manera, las finanzas públicas, o promover el turismo como lo instruye el Plan México», concluyeron.
