El retorno de César Duarte a prisión de máxima seguridad marca el inicio de una nueva era en la Fiscalía General de la República (FGR). La recaptura César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por acusaciones federales de lavado de dinero, es el primer gran movimiento de Ernestina Godoy, poniendo fin a los privilegios de que gozaba en el estado y reactivando un caso que promete salpicar al “círculo rojo”.
El primer golpe de Godoy: el fin de la impunidad estatal
La llegada de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) aceleró la ejecución de la nueva acusación federal contra el político priista César Duarte. Tras la sustitución del exfiscal Alejandro Gertz, el caso que llevaba un año y medio fraguándose se cerró con contundencia.
El pasado lunes 9 de diciembre de 2025, agentes federales detuvieron a Duarte en la capital de Chihuahua. Horas más tarde, alrededor de las 23:00 horas, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el exgobernador fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la prisión de máxima seguridad más importante del país, donde suelen ser enviados criminales de alto perfil.
La ruta crítica federal y el veto de Washington
Duarte, de 62 años, vuelve a pisar la cárcel por sus implicaciones en el desfalco del estado que encabezó entre 2010 y 2016. Inicialmente, fue extraditado por Estados Unidos a mediados de 2022 (otras fuentes y la FGR en una imagen señalan el 2 de junio de 2024), cuando las autoridades de Chihuahua lo requerían por los delitos de desvío de recursos y asociación delictuosa.
Para que la Federación pudiera sumar una nueva acusación federal, por blanqueo de capitales u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, era necesario el visto bueno de Washington, tal como lo establece el Tratado de Extradición.
- Orden judicial: Un juez federal concedió la orden de captura por blanqueo de activos en mayo de 2024.
- Gestión diplomática: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició formalmente la petición a Estados Unidos en octubre de 2024, a inicios del sexenio de Claudia Sheinbaum.
- Prioridad bilateral: La respuesta demoró poco más de un año. Fuentes consultadas indicaron que este tema fue una prioridad en la agenda bilateral de la presidenta Sheinbaum, primero con Joe Biden y luego con el presidente Donald Trump.
- Toma y daca: El consentimiento otorgado por Washington forma parte del «toma y daca» entre ambos países en materia de seguridad y justicia, que se traduce en el intercambio de criminales de interés mutuo.
La autorización llegó al despacho de Godoy la semana pasada, y la fiscal no demoró en instruir la captura. La FGR señaló en una ficha divulgada que se acusa a Duarte por «su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano”.
De la libertad condicional a Almoloya de Juárez
La detención federal pone fin a los privilegios de que gozaba Duarte en Chihuahua, donde enfrentaba algunas acusaciones del fuero estatal en libertad condicional. El exmandatario pasó poco tiempo en prisión local, primero por sus prolongadas salidas por motivos de salud y, finalmente, por su liberación.
Duarte, muy asiduo a los medios, solía filtrar imágenes de sí mismo bailando y celebrando sus condiciones favorables. El político comenzaba a pavimentar la versión de que era inocente y un perseguido político de Javier Corral, quien le sucedió en la gubernatura (2016-2021) y que le investigó.
El arribo de la gobernadora panista María Eugenia Campos (Maru Campos) cambió el tablero a favor de Duarte. El Gobierno federal, desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, advirtió las señales de impunidad que se lanzaban al público.
Desde el Gobierno federal se advirtió la amenaza de la impunidad no solo por los privilegios obsequiados a Duarte, sino porque la Administración de Maru Campos emprendió una agresiva persecución contra los funcionarios que investigaron a ella y al exmandatario priista. Fue emblemático el encarcelamiento del fiscal anticorrupción de Chihuahua que desentrañó el desfalco al erario durante el duartismo. A finales de 2022, López Obrador pidió a la FGR, todavía en manos de Gertz, que atrajera este caso.
El expediente de la corrupción duartista: 6 mil millones de pesos
César Duarte es uno de los grandes símbolos de la corrupción política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la era de Enrique Peña Nieto. La gestión de Duarte fue investigada durante el sexenio de Javier Corral, que documentó un quebranto de 6,000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares).
- Operación Safiro: Duarte fue protagonista de este mecanismo de desvío de recursos para financiar campañas electorales, en el que participaron gobernadores del PRI y altos funcionarios de la Hacienda federal.
- Nómina Secreta: Otro caso señala que, siendo gobernador, Duarte pagaba sobornos a decenas de figuras influyentes en el estado, desde políticos de oposición hasta periodistas y líderes sindicales.
- Otros desvíos: Desvió 96 millones de pesos a dos empresas en las que tenía acciones; el desvío de 100 millones de pesos con los que quiso constituir un banco; la retención ilegal de salarios a funcionarios estatales para enviarlos al PRI de Chihuahua.
- Adquisiciones ilícitas: Adquirió ranchos y lujos en México y Estados Unidos por 190 millones de pesos con dinero público; y la construcción, sin permisos, de una presa en uno de sus inmuebles para robar agua.
Una veintena de órdenes de captura se libraron contra el exgobernador desde la justicia de Chihuahua, pero en ninguna se le ha dictado sentencia. Ahora, el exmandatario será presentado ante un juez de control por el delito federal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La sombra del «PRIAN»: implicaciones para Maru Campos y Peña Nieto
La noticia de la recaptura sacude al PRIAN y es interpretada como una demostración morenista de cómo se explotará el pozo de la corrupción de los gobiernos anteriores a 2018.
El retorno del caso contra Duarte no es difícil que salpique a la gobernadora panista Maru Campos, justo en la antesala del inicio de la sucesión en Chihuahua. La Fiscalía de Chihuahua denunció a Maru Campos por, presuntamente, haber cobrado unos 10 millones de pesos en sobornos siendo diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), en el marco del caso Nómina Secreta.
Analistas señalan que la detención es la primera cacería de «peces gordos» del pasado de corrupción en los tiempos de Claudia Sheinbaum. La suerte se le acabó a César Duarte, quien en marzo de 2018 vio a la entonces Procuraduría General de la República (acéfala ese año) regalarle un carpetazo por lavado de dinero, delito bancario y defraudación. El expresidente Enrique Peña Nieto, quien no ha explicado escándalos como la Casa Blanca, la Estafa Maestra o los desvíos en el Fonden, es cuestionado por no haber perseguido a la camada de gobernadores priistas en los que fincó su llegada al poder.
Ernestina Godoy, una funcionaria muy cercana a la presidenta Sheinbaum, ha cerrado una pinza que se abrió, pero se entramó, durante la gestión del otrora poderoso Gertz. Este caso marca el rumbo y la celeridad que pueden tomar los asuntos que involucran a los representantes de la oposición presuntamente vinculados a la corrupción. Está por verse qué destino tendrán los casos que salpican a los miembros de las filas del oficialismo.
