La llegada del chiapaneco Raciel López Salazar para hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) más que significar una solución, ha derivado en un problema político para el gobierno estatal cuatroteísta.
Si bien, era pedida a gritos la salida del “defeño” Oscar Montes de Oca de la FGE, Raciel López no está significando la solución inmediata a la grave problemática de inseguridad, delincuencia e impunidad, la cual se ha aderezado con otros eventos como la inconformidad de las madres buscadoras.
Lejos de figurar por sus méritos en arrestar delincuentes, la designación (por lo pronto como encargado de la FGE) Raciel López derivó en que salieran a la luz “archivos” que mostraban un desempeño irregular en otras entidades como Chiapas o Puebla, al frente de corporaciones policiacas.
Las cosas se pusieron tan complicadas que ayer miércoles se empezó a deshojar la margarita sobre ratificar o mejor buscar a otra opción para la FGE.
Si bien, por un lado, hay esfuerzos para reunir los apoyos políticos para que Raciel se quede, también se están explorando nueva opciones, no sólo fuera, sino dentro de la entidad.
Pero, lo que parece incontrovertible es que la ratificación de Raciel López implicaría de entrada una merma política al gobierno estatal, lo cual eventualmente podría revertirse si el nuevo Fiscal lograse resultados para abatir la inseguridad, la delincuencia y la impunidad en Quintana Roo.
