La verdad como compromiso presidencial
“Tiene que salir la verdad”, dijo Claudia Sheinbaum desde el corazón del poder en Palacio Nacional, en referencia al caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Con esas palabras, la presidenta de México marcó un posicionamiento clave frente a una de las investigaciones más sensibles que involucran a víctimas, crimen organizado y autoridades federales.
El predio fue señalado por colectivos de madres buscadoras como posible campo de exterminio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado que se tratara de un crematorio clandestino. El contraste entre ambas versiones alimenta la desconfianza de las familias y coloca al gobierno federal en una encrucijada de legitimidad y justicia.
La versión oficial: el rancho como centro de adiestramiento del CJNG
La postura de la FGR
Durante una conferencia celebrada el 29 de abril, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que en el Rancho Izaguirre no se encontraron pruebas de crematorios clandestinos, aunque sí reconoció su uso como campo de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“¿Hubo un crematorio? No hay una sola prueba que acredite ese dicho”, sentenció Gertz Manero. La FGR detalló que se hallaron zanjas, agujeros con restos de fogatas y una vasija con fragmentos óseos que, por su antigüedad, no corresponderían a víctimas recientes.
El análisis pericial
La fiscalía señaló que no se encontraron evidencias térmicas que superaran los 200 grados Celsius, temperatura mínima para procesos de incineración humana. De acuerdo con los peritos, tampoco se hallaron estructuras metálicas ni residuos químicos asociados a crematorios.
Sheinbaum marca distancia y exige transparencia
La autonomía de la FGR
Desde la conferencia matutina del 30 de abril, Sheinbaum recordó que la FGR es un organismo autónomo y que ella no conocía la versión oficial hasta que fue publicada en los medios. No obstante, subrayó que eso no exime al gobierno federal de escuchar a las víctimas ni de promover la transparencia.
“Lo importante es la verdad siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad”, dijo la presidenta, en un claro mensaje a quienes temen una narrativa institucional que minimice los hallazgos de las madres buscadoras.
El papel de las madres buscadoras
Sheinbaum reconoció explícitamente la labor de los colectivos de búsqueda, una mención poco común en los discursos oficiales. Prometió seguir recibiendo a las familias y a las madres que han participado activamente en la investigación del predio.
Esta declaración tiene un peso simbólico: reconoce a las víctimas como sujetos políticos, no sólo como dolientes.
¿Qué hay detrás del Rancho Izaguirre?
Teuchitlán: territorio en disputa
El Rancho Izaguirre se encuentra en el municipio de Teuchitlán, una zona con historial de violencia vinculada al CJNG y con presencia intermitente del Ejército. Para las familias que han reportado desapariciones en la región, este sitio representa una esperanza dolorosa y una prueba pendiente del Estado.
Denuncias previas y excavaciones civiles
Colectivos de búsqueda han reportado desde hace meses que la zona mostraba señales de cremaciones clandestinas. Con apoyo de expertos independientes, realizaron exploraciones que apuntaban a altos niveles de alteración térmica del suelo, hallazgo que contrasta con la versión de la FGR.
No es la primera vez que las versiones ciudadanas y oficiales entran en conflicto. Pero ahora, con Sheinbaum en el poder y una agenda de derechos humanos como bandera, el costo político de ignorar a las víctimas sería alto.
La verdad como horizonte: entre la justicia y la narrativa
¿Puede el Estado investigar al Estado?
El dilema de fondo es el siguiente: si la FGR desestima los testimonios ciudadanos sin ofrecer una investigación paralela o independiente, se corre el riesgo de revictimizar a las familias y debilitar la credibilidad institucional. El caso Izaguirre pone a prueba la promesa presidencial de verdad y justicia.
El peso de la narrativa institucional
Para una administración que se presenta como cercana al pueblo y que presume apertura al dolor social, minimizar hallazgos ciudadanos o desautorizar voces de madres buscadoras puede ser devastador en términos simbólicos. Más aún si se percibe una intención de blindar a fuerzas armadas o fiscales.
Una verdad incómoda pero necesaria
El caso del Rancho Izaguirre no se limita a la disputa técnica entre versiones. Es un espejo de la violencia estructural, la impunidad y la desconfianza hacia las instituciones. La exigencia de Sheinbaum —“que no quede nada en la oscuridad”— es tanto un compromiso político como un reto moral.
Para que esa verdad salga a la luz, como pide la presidenta, se requerirá no solo voluntad institucional, sino también acompañamiento social, peritajes independientes y voluntad de justicia real.
El país, y especialmente las familias buscadoras, no pueden permitirse otro caso cerrado en falso.
