El infierno en Teuchitlán que nadie quiere nombrar
Una propiedad rural en Jalisco se ha convertido en símbolo del horror contemporáneo mexicano. El hallazgo en el Rancho Izaguirre ha cimbrado a las familias buscadoras, pero no al poder político. Las evidencias son claras, pero la narrativa oficial insiste en evadir un término clave: exterminio.
Un campo de exterminio en el occidente mexicano
¿Qué se encontró en el Rancho Izaguirre?
El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló uno de los hallazgos más perturbadores de los últimos años. En el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fueron encontrados:
- Más de 200 pares de zapatos
- Fotografías personales, identificaciones y documentos
- Ropa rasgada con signos de violencia
- Osamenta dispersa y quemada
- Elementos para entrenamiento paramilitar
Las madres buscadoras no dudaron en usar las palabras que el Estado evita: “campo de exterminio”.
“Ahí llevaron a nuestros hijos para reclutarlos, los torturaron, los entrenaron para matar, y luego los mataron a ellos”, denunció una integrante del colectivo Guerreros Buscadores en entrevista para medios locales.
¿Por qué el gobierno niega el término “campo de exterminio”?
Desde que se hizo público el hallazgo, la reacción del gobierno federal ha sido evitar el término. Según autoridades, el rancho era un “centro de reclutamiento y adiestramiento criminal”.
Pero la semántica no borra los hechos: cuerpos desmembrados, rastros de tortura, abandono oficial y familias que aún buscan. La discusión se ha centrado más en los adjetivos que en la justicia.
El intento oficial de controlar la narrativa
Periodistas alineados y visitas guiadas
Pocos días después del hallazgo, el gobierno organizó una visita para periodistas —mayoritariamente de medios afines al oficialismo— al Rancho Izaguirre. Lejos de preservar la escena para la investigación forense, la prioridad fue difundir una versión controlada de los hechos.
“No encontramos un campo de exterminio, encontramos indicios de entrenamiento”, dijo un vocero del gobierno federal. Sin embargo, no explicó por qué había osamenta calcinada ni por qué no se resguardó el sitio inmediatamente.
Declaraciones sin contexto
Un presunto reclutador detenido afirmó que los jóvenes eran entrenados para actividades criminales. Esa fue la “prueba” utilizada para desestimar la hipótesis del exterminio. Pero no se ha presentado evidencia de que todos los restos pertenezcan a personas integradas a grupos criminales. Tampoco hay certeza de cuántos cuerpos fueron hallados.
La sistematicidad del horror en México
¿Es Rancho Izaguirre un caso aislado?
No. Desde el hallazgo en Jalisco, han aparecido más propiedades con características similares:
- Casas de seguridad en Guanajuato, Michoacán y Guerrero usadas para reclutamiento forzado
- Fosas clandestinas en Veracruz, Zacatecas y Tamaulipas
- Instalaciones abandonadas con signos de tortura
En todos los casos, las autoridades insisten en matices: “no son campos de exterminio”. Pero en los hechos, cumplen ese mismo patrón de horror.
¿Qué implica reconocer un campo de exterminio?
Aceptar que en México existen estos lugares tendría profundas implicaciones jurídicas y políticas:
- El Estado tendría que reconocer crímenes de lesa humanidad
- Se evidenciaría la continuidad de estrategias fallidas de seguridad
- Se admitiría que los grupos criminales han ocupado funciones que le corresponden al Estado
Es por eso que se apuesta por diluir el lenguaje. Pero la realidad no se modifica con eufemismos.
La cadena de omisiones institucionales
Carencias forenses
México enfrenta una de las crisis forenses más graves del continente. Según datos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, hay más de 52,000 cuerpos sin identificar.
El caso de Rancho Izaguirre no es distinto:
- No se ha determinado el número exacto de víctimas
- No se han realizado pruebas genéticas a todos los restos
- No hay garantía de cotejo con las bases de datos de personas desaparecidas
“La identificación tarda años. La capacidad forense está rebasada y politizada”, denunció una exfuncionaria del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Falta de coordinación entre niveles de gobierno
La propiedad fue asegurada por fuerzas federales, pero la investigación recayó en autoridades estatales. Hay fricción entre fiscalías, retrasos en peritajes y pérdida de evidencia. En un sistema ideal, eso no ocurre. En México, es la norma.
La labor titánica de las madres buscadoras
Guerreros Buscadores: víctimas que investigan
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado más hallazgos que la Fiscalía estatal. Su método: caminar, excavar, oler, seguir pistas, denunciar. No tienen recursos, pero tienen lo que al Estado le falta: voluntad.
“Mientras ellos hacen ruedas de prensa, nosotras cavamos con las manos”, dijo una de sus integrantes durante una manifestación frente a Palacio de Gobierno en Guadalajara.
Riesgos y criminalización
Las buscadoras han recibido amenazas, agresiones y vigilancia. Aun así, siguen. En lugar de protección, reciben hostigamiento. Y cuando encuentran algo, la narrativa institucional las margina.
La herencia del horror y el silencio de la sucesión
¿Por qué importa para el nuevo gobierno?
La presidenta actual, electa como heredera del obradorismo, no ha abordado el tema directamente. Reconocer el horror en Rancho Izaguirre es admitir el fracaso de la estrategia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Por eso, el lenguaje se vuelve más importante que las víctimas. Pero cada día que pasa sin verdad, se perpetúa la impunidad.
¿Qué sigue para Rancho Izaguirre?
Tres escenarios posibles
- El olvido mediático. Como ha ocurrido con otros hallazgos, la atención se disipa. Sin presión, la investigación se cierra sin resultados.
- El litigio estratégico. Colectivos podrían llevar el caso a instancias internacionales como la ONU o la CIDH.
- La resistencia social. Organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes continúan documentando y visibilizando.
¿Hay esperanza?
Sí, pero depende de la presión social. Cada marcha, cada publicación, cada mención cuenta. Porque el silencio es la mejor herramienta de la impunidad.
Cuando el lenguaje sustituye a la justicia
En México, las palabras se usan como escudo. Negar que existen campos de exterminio no cambia su realidad. Rancho Izaguirre es uno de ellos, y cada día que pasa sin justicia, confirma que el Estado no está cumpliendo su función.
La única salida es seguir nombrando lo innombrable, seguir cavando en la tierra y en la verdad, hasta encontrar justicia.
