El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha desatado una pugna entre los niveles de gobierno sobre las responsabilidades de la seguridad. Tras el crimen del 1 de noviembre de 2025, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), negó que la Guardia Nacional (GN) fallara en su protocolo, señalando directamente a la falta de cooperación de Manzo y a las dependencias municipales.
El deslinde de Sedena: «El protocolo de nosotros no falló»
A más de una semana del crimen, el general Ricardo Trevilla Trejo explicó durante la conferencia matutina del 11 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, que las fuerzas armadas no tuvieron una intervención oportuna porque el protocolo federal no fue plenamente aceptado por el alcalde.
Trevilla Trejo deslindó la responsabilidad al asegurar que el personal castrense cuenta con una preparación distinta y que, si Carlos Manzo los hubiera aceptado desde el principio, su nivel de protección habría sido mayor.
Las declaraciones del titular de la Sedena fueron contundentes:
- Fallo de terceros: «El protocolo no falló, falló otro, el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional.»
- Responsabilidad municipal: Señaló que la responsabilidad de los hechos corresponde a dependencias municipales, ya que Manzo confió más en la policía local para encargarse de su seguridad que en los elementos federales.
- Incremento de seguridad: «Si desde un principio, tal vez, él hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.»
- Estrategia futura: El general Trevilla señaló que, en el contexto del «Plan Michoacán para la Paz y la Justicia», se buscará «intentar concientizar más a la persona que se le va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos.»
A pesar de ser cuestionado nuevamente sobre la responsabilidad de los militares en el momento exacto del asesinato, el general se limitó a indicar que las investigaciones del caso las lleva actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
La protección periférica de la Guardia Nacional
Dos días después del asesinato, el 3 de noviembre, el Gabinete de Seguridad detalló el papel específico de los elementos de la Guardia Nacional asignados a Carlos Manzo.
De acuerdo con la Sedena, la Guardia Nacional tenía la función específica de brindar “protección periférica”.
Funciones y preparación de los escoltas federales
- Los 14 integrantes de la Guardia Nacional resguardaban la periferia, mientras que ocho elementos de la policía municipal estaban a cargo de la protección directa del alcalde.
- La Guardia Nacional se encargaba de la seguridad en recorridos o patrullajes en campo abierto.
- El personal estaba dotado con armas largas.
- Ricardo Trevilla Trejo explicó: «La misión principal del personal de la Guardia Nacional, que estaban dotados con armas largas, era precisamente darle seguridad periférica a donde él andaba o acompañarlo en este tipo de recorridos y demás. Ese personal está adiestrado, está capacitado para este tipo de funciones, para enfrentar a grupos delincuenciales también dotados con armas letales.»
La línea de investigación: policías municipales «flexibilizaron» el resguardo
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, coincidió parcialmente con la narrativa del fallo externo, al acusar que los escoltas de Carlos Manzo “flexibilizaron” el círculo de seguridad.
El mandatario indicó que la «flexibilización» de la seguridad es una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con base en dictámenes periciales para determinar las causas del hecho.
Ramírez Bedolla descartó, hasta el 11 de noviembre, que alguno de los encargados de la seguridad de Manzo se encuentre detenido como presunto responsable del asesinato.
El asesino y el Cártel Jalisco Nueva Generación
La investigación llevada a cabo por la FGE de Michoacán arrojó resultados determinantes sobre la autoría del crimen, revelando el perfil y la vinculación de los sicarios.
El fiscal Carlos Torres Piña confirmó que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan.
Datos clave del autor material
- Ubaldo Vidales «era parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región y fue reclutado con semanas de antelación para cometer el crimen”.
- El informe forense, específicamente la prueba de rodizonato de sodio, confirmó que el arma calibre 9 mm usada para ejecutar al edil fue disparada por el menor. Torres Piña declaró que «el resultado de los peritajes es concluyente: fue él quien realizó los disparos contra el alcalde.»
- Las investigaciones también vinculan la pistola con otros dos homicidios ocurridos en octubre en Uruapan.
- Víctor Manuel «N» es originario del municipio de Paracho y se ausentó de su domicilio una semana antes del ataque, lo que coincide con la planeación del atentado.
- El fiscal detalló que al menos dos personas más participaron en la logística del crimen, aunque sus nombres permanecen bajo reserva “por el sigilo de la investigación”.
Demanda de protección: 70 funcionarios solicitan escoltas a la GN
A raíz del aumento en la percepción de riesgo, el general Ricardo Trevilla informó sobre el estado actual de los servicios de protección a funcionarios públicos federales y locales.
Desde septiembre de 2024 a la fecha —periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo—, el titular de la Sedena indicó que:
- Un total de 70 servidores públicos de diversos niveles de gobierno en el país han solicitado el despliegue de escoltas para su protección.
- La Guardia Nacional «ha desplegado 70 escoltas”, con alrededor de 450 elementos para realizar el servicio.
- A pesar del impacto generado por la muerte de Manzo, el mando militar dijo que no se ha recibido «una gran cantidad de solicitudes» adicionales en los últimos días, pero aseguró que están «atentos”.
El procedimiento para brindar el servicio de protección consiste en una solicitud inicial, la cual se analiza y se realiza el análisis de riesgo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) brinda su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio.
La divergencia de versiones entre Sedena y el gobierno de Michoacán, sumada a la confirmación de que un menor de edad reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el ejecutor, subraya la complejidad de la crisis de seguridad. Mientras la investigación avanza bajo la FGE de Michoacán, queda la pregunta central: ¿Qué medidas efectivas se implementarán en el “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia” para evitar que la responsabilidad de un fallo recaiga sobre la víctima y garantizar la protección de los 70 funcionarios que hoy dependen de escoltas federales?
