Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) informó que de los 103 Sujetos Obligados del Gobierno del Estado, el 94.38% cumplió en la verificación virtual oficiosa de las Obligaciones de Transparencia correspondientes al ejercicio del año 2024.
Este resultado, representa el porcentaje más alto alcanzado desde que se realiza este tipo de verificación, evidenciando una mejora sostenida en los últimos años: en 2021 se registró un cumplimiento del 80%, en 2022 del 88.69% y en 2023 del 94.06%.
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“Estos resultados no son obra de la casualidad, sino del compromiso institucional por garantizar que el acceso a la información y la rendición de cuentas sean una realidad cotidiana para la ciudadanía”, destacó la comisionada presidenta, Magda Lozano Ocman.
Magda Lozano comentó que las cifras reflejan una mejor calidad en la información publicada, mayor disposición para que la sociedad consulte datos públicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales institucionales, y un paso hacia una administración abierta, confiable y cercana a la ciudadanía.
“Con este resultado, el Idaipqroo no solo reafirma su papel como garante del derecho a saber, sino que posiciona a Quintana Roo como un referente nacional en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, fortaleciendo así la confianza pública y la democracia en la entidad”, comentó.
Un dato importante es que el 5.62 por ciento de los Sujetos Obligados que son omisos no podrán ser sancionados o amonestados debido a que alcanzaron la calificación mínima aceptable.
Un dato importante es que la Ley Federal General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
También establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
