Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
PUERTO MORELOS.- El proyecto que se tenía de entrega de terrenos en el municipio se modificará para que puedan otorgarse viviendas ya hechas a las familias que más lo necesitan, aseguró el titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), José Alberto Alonso Ovando.
Señaló que Puerto Morelos se encuentra en una etapa de transformación en materia de vivienda, gracias al impulso de un ambicioso programa que busca redefinir el acceso a hogares dignos para las familias más necesitadas.
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“En Puerto Morelos tiene reserva la Agepro, se va a aportar al Infonavit y al Conavi para que también puedan en vez de dar terrenos, dar una vivienda de 60 metros cuadrados, como lo marcan. Vamos por pasos, o sea, es un gran programa, pero está empezando, a raíz de que llegó la presidenta a iniciar la obra, pues se dio una gran expectativa y toda la gente pregunta, pero aún se están iniciando la construcción de las cosas que se van a terminar seguramente en diciembre o enero del próximo año (en Cancún)”, explicó.
Este plan forma parte de un reajuste integral en la política de vivienda que se está implementando en Quintana Roo y la meta estatal es de 22,000 viviendas en todo el estado, aunque esta cifra podría aumentar si se generan las condiciones necesarias.
Para 2025, se planificaba el inicio de 4,000 viviendas, pero ya se han superado las proyecciones: actualmente se construyen 5,008 en Cancún y 624 en Chetumal. Tulum también se ha incorporado al plan, y se evalúa incluir a otros municipios como Cozumel, dependiendo de la demanda registrada por el Infohabita.
Recordó que el programa contempla dos líneas de atención diferenciadas: los trabajadores formales afiliados al Seguro Social o al ISSSTE podrán acceder a vivienda a través del Infonavit. Por otro lado, quienes no cuentan con empleo formal serán atendidos también por el mismo programa, en una vertiente especial.
Uno de los principales beneficios es que este modelo está dirigido a personas con ingresos entre uno y dos salarios mínimos, excluyendo a quienes perciban más de tres. También se exige que el beneficiario no tenga propiedad alguna, sea mayor de 18 años y se dará prioridad a grupos vulnerables como madres trabajadoras, comunidades indígenas, personas mayores y personas con discapacidad.
