Agencias
CHETUMAL.– El conflicto agrario por la indemnización de los terrenos expropiados en 1970 al Ejido Morocoy, donde actualmente se encuentran asentadas las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kohunlich, continuará sin resolverse al menos por dos meses más luego de que la audiencia que estaba programada para este jueves en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Número 44 fue pospuesta para el próximo 27 de noviembre a las 12:00 horas.
La presidenta del comisariado ejidal, Sonia Méndez Lile informó que la notificación llegó este miércoles al mediodía, considerando esta decisión como una maniobra dilatoria que prolonga innecesariamente un litigio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que ya lleva más de cinco décadas sin solución.
“Sorpresivamente por cuestiones extraordinarias se nos notificó sobre el diferimiento de la audiencia… Y ya estábamos listos para venir mañana al TUA… Tenemos que esperar dos meses más”, señaló.
Recordó que el Ejido Morocoy, constituido el 21 de septiembre de 1970 y ubicado a 54 kilómetros de Chetumal, está conformado por 271 integrantes y cuenta con una superficie de cinco mil 950 hectáreas.
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De esas tierras, 293 hectáreas fueron expropiadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la operación de Dzibanché, Kinichná y el Grupo Lamay. Sin embargo, los ejidatarios aseguran que nunca se liquidaron los pagos correspondientes y exigen una indemnización de un millón de pesos por cada hectárea.
Méndez Lile denunció que el procedimiento de expropiación se realizó sin fedatario público y que desde entonces el INAH ha incumplido con su obligación de cubrir los adeudos.
Ante este nuevo aplazamiento, anunció que convocará a una asamblea extraordinaria para informar a los integrantes y decidir las acciones a seguir. Aunque los ejidatarios han insistido en mantener la vía de la conciliación, no descartan emprender protestas si el caso continúa estancado.
La lideresa del comisariado reiteró que buscarán el respaldo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para que interceda en el tema, pues corresponde a la Federación resolverlo.
Tras diferirse la audiencia, el proceso legal se sigue prolongando, lo que genera el malestar de los comuneros, quienes acusan al INAH y a las autoridades federales de desatender una deuda histórica que, aseguran, es un pendiente de justicia agraria.
SIM
