Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) calificó como “un verdadero atentado contra el pequeño comercio del país” la decisión de prohibir comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad en Oaxaca.
“A partir de aquí, Oaxaca hace historia porque se ha convertido en el único lugar en el planeta que, argumentando defender y garantizar un derecho a un sector de la población vulnerable, lo hacen legislando una ‘prohibición’, votando una ley que nace muerta, una ley cuya vigencia será no positiva, ya que nadie en la vida real terminará atendiéndola por obtusa”, señaló en un comunicado.
“El tufo que emana esta fracción política que hoy controla el poder legislativo de Oaxaca es que desconocen el hecho de que 66% de los oaxaqueños viven en pobreza. No importándoles esta realidad emiten este decreto que golpeará duramente a la economía popular y a la menguada economía del estado”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo empresarial.
Explicó que industrias como la turística, restaurantera, chocolatera, confitería, panificación, lácteos y refrescos, entre otras, serán impactadas por la normativa.
“Cincuenta y ocho mil pequeños comercios (tiendas de abarrotes, taquerías, fondas, antojerías, locatarios de la central de abastos) verán caer más sus ventas, muchos cerrarán sus puertas y perderán su modus vivendi”, alertó.
Por otra parte, agregó, los consumidores sufrirán desabasto y especulación de precios, viendo más afectados sus bolsillos y monederos. Este escenario dantesco no mejorará la salud de los oaxaqueños y sí los marginará todavía más.
En tal sentido, hizo un llamado al gobernador Alejandro Murat para vetar la ley.
“Basta recordar que en 2013 a nivel federal ya se decretó una prohibición: la venta de estos mismos productos en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles. Preguntémonos: ¿se acató este decreto? ¡Claro que no! Lo mismo pasará con este atraco legislativo que para lo único que servirá será para empobrecer más a los oaxaqueños y para fomentar la corrupción”, dijo Rivera.
Y remató: “Si realmente les preocupa la salud de los menores, entenderían que la urgencia social es otra: controlar la pandemia, evitar contagios, frenar los decesos, condiciones para la reactivación económica, recuperar empleos perdidos, ingresos caídos, devolver poder de compra al hogar, al menos para lo esencial y obligado”.
Con información de Proceso
