En la antesala de un nuevo sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una cifra contundente: un billón de pesos para programas sociales en 2026. No es solo una promesa de continuidad, es una apuesta política que refuerza la narrativa del bienestar como columna vertebral del proyecto obradorista.
Sheinbaum mantiene el rumbo: el bienestar como política de Estado
Los programas sociales, antes vistos como paliativos temporales, se han transformado en derechos constitucionales. Claudia Sheinbaum no solo hereda esta visión, sino que la potencia con una proyección histórica: para 2026, los apoyos sociales podrían alcanzar un billón de pesos destinados a beneficiar a más de 30 millones de familias mexicanas.
Durante la conferencia matutina del 19 de mayo, la presidenta detalló que para 2025 la inversión ya será cercana a los 850 mil millones de pesos, y que para el año siguiente se alcanzaría el umbral simbólico del billón. “Sin intermediarios”, reiteró Sheinbaum, subrayando la filosofía directa de dispersión del recurso.
Esta narrativa busca legitimar un modelo que ha demostrado ser popular entre amplios sectores de la población, particularmente entre adultos mayores, comunidades indígenas y familias en situación de pobreza.
¿A quiénes beneficia el gasto social?
La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, ofreció cifras claras:
- 8.7 millones de personas ya recibieron su pensión en el bimestre mayo-junio.
- Se han dispersado 44 mil 499.8 millones de pesos solo en este periodo.
- Aún falta por completar la entrega a los beneficiarios con apellidos maternos de la M a la Z.
Los apoyos comprenden desde la beca Rita Cetina, que impulsa a estudiantes de educación básica, hasta proyectos como Cosechando Soberanía, centrado en el campo.
Además, se resaltó la respuesta a emergencias, como los recursos canalizados a damnificados por los huracanes Otis (15 mil 275 millones de pesos) y John (6 mil 168.9 millones de pesos).
El impacto territorial: más allá del asistencialismo
Una parte clave del mensaje fue el impacto estructural del gasto social. Según Sheinbaum, el cambio no es solo individual, sino sistémico: “cambia la economía del país”. En otras palabras, el recurso que antes quedaba concentrado “en unos cuantos”, ahora dinamiza el consumo y los mercados locales.
La presencia territorial de los programas también se mide en acciones:
- Se han realizado 14 mil 131 asambleas informativas del Fondo de Infraestructura Social.
- Estas reuniones, dirigidas a pueblos indígenas y afromexicanos, han congregado a 1.3 millones de personas.
- En materia de vivienda, se ha avanzado en la revisión de más de 100 mil hogares de un total de 932 mil 639.
2026: el año del billón
La cifra proyectada —un billón de pesos— no es menor. Representa casi el doble del presupuesto que en 2018 se destinaba a programas sociales. Y sugiere que el eje del nuevo gobierno será consolidar este modelo de transferencia directa, haciendo de los derechos sociales un motor de gobernabilidad.
Desde Palacio Nacional, el mensaje es claro: el bienestar no es negociable ni reducible. En tiempos de ajustes económicos globales, el Estado mexicano opta por una ruta expansiva en lo social, apostando a que el efecto multiplicador sea suficiente para compensar los riesgos fiscales.
¿Una apuesta sostenible?
El desafío estará en mantener este nivel de inversión sin comprometer la estabilidad fiscal. Si bien la popularidad de los programas es indiscutible, las presiones presupuestales también lo serán. Será clave observar si se diversifican las fuentes de ingreso o si se ajusta el gasto en otras áreas para sostener el modelo.
Además, persiste la crítica de sectores que exigen mayor evaluación de impacto y transparencia en la aplicación de los recursos. Aunque los datos macro respaldan la eficacia redistributiva, el reto está en construir indicadores que también midan autonomía, empleabilidad y movilidad social.
¿Redistribución estructural o dependencia electoral?
La promesa de Sheinbaum de destinar un billón de pesos a los programas del bienestar en 2026 es, ante todo, una declaración de principios. Representa la continuidad del proyecto obradorista y su apuesta por el gasto social como palanca de transformación.
Sin embargo, también abre preguntas sobre la sostenibilidad de este modelo, sus efectos a largo plazo y la manera en que se articula con otros pilares del desarrollo como la productividad, la innovación y la educación superior.
Lo cierto es que el discurso del bienestar ya no es solo parte del relato político: se ha convertido en una nueva forma de estructurar la economía nacional desde abajo.
