
Redacción/ CARIBE PENINSULAR
CANCÚN,.— La elección judicial del próximo domingo sigue sumando voces críticas. Esta vez fue la senadora Mayuli Martínez Simón, vicecoordinadora del PAN en el Senado, quien hizo un llamado a la ciudadanía para no participar en lo que calificó como un proceso “manipulado”, dirigido desde el oficialismo para legitimar una concentración de poder que pondrá en riesgo las libertades y la independencia judicial.
“No nos prestemos a un proceso manipulado que eliminará los contrapesos y los derechos que tanto nos ha costado construir”, advirtió.
La senadora panista denunció que esta elección, lejos de ser un ejercicio democrático, simula participación ciudadana mientras se promueven candidaturas ligadas a Morena y, en algunos casos, incluso a perfiles vinculados al crimen organizado.
Advirtió que se está construyendo un “régimen autoritario” que utiliza viejas prácticas como la compra de votos, las “casas amigas” para acarreos y encuestas manipuladas para crear la ilusión de legitimidad.
“Esta elección no es una fiesta democrática, es un montaje burdo orquestado por Morena para legitimar la instauración de un poder único en nombre de un pueblo, que irónicamente en su mayoría ni siquiera está enterado de que hay elecciones este domingo”, sentenció.
Este posicionamiento se suma a una serie de críticas previas surgidas en Quintana Roo. Desde el PRI estatal, se ha cuestionado duramente la falta de transparencia en el proceso y se ha llamado a no participar en una elección que ya tiene ganadores definidos.
Organizaciones civiles como el Frente Nacional de Mujeres también han protestado contra candidatas con expedientes cuestionables, y el INE ha iniciado investigaciones por la distribución de “acordeones” con líneas de voto.
En Cancún a estas inconformidades se han unido madres buscadoras y colectivos como Xtabay, quienes han denunciado públicamente la postulación de jueces y juezas que —acusan— han favorecido la impunidad en casos de desaparición, violencia de género y corrupción judicial. Las activistas señalan que permitir la continuidad de estos perfiles es perpetuar un sistema que ha negado justicia a las víctimas y han convocado a movilizaciones simbólicas frente a las sedes del Poder Judicial para exigir un proceso limpio y verdaderamente representativo.