Observamos las recientes declaraciones sobre la prisión preventiva oficiosa en México. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha compartido su postura sobre la continuidad de esta figura. Analizamos los detalles de este debate crucial para el sistema de justicia, conforme a la información proporcionada en el texto.
Postura presidencial sobre la prisión preventiva oficiosa
Según la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, considera que la prisión preventiva oficiosa debe seguir aplicándose automáticamente para ciertos delitos. Su visión es que su aplicación no dependa del análisis individual de los jueces.
Ella enfatizó que esta figura está prevista en el artículo 19 constitucional. Este artículo establece un catálogo de delitos por los que las personas deben llevar sus procesos penales en prisión.
Expansión del catálogo de delitos del artículo 19
El texto provided indica que el catálogo del artículo 19 constitucional incluía previamente delitos considerados de alto impacto.
- Extorsión
- Homicidio
- Delincuencia organizada
Sin embargo, se menciona que en el año 2019 fue ampliado. Esta ampliación, realizada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incorporó delitos como:
- Delitos de corrupción
- Delitos fiscales
- Delitos en materia de hidrocarburos
- Entre otros
Razón de la presidenta para mantener la aplicación automática
La presidenta Sheinbaum argumenta que, frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada, es importante mantener la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa.
Ella expresó que es crucial, “incluso para protección de los jueces“, que para ciertos delitos no quede a criterio del juez decidir sobre la prisión. Considera que ya debería haber una orientación previa que indique la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como el homicidio.
Según su declaración, esto “tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso“.
El debate judicial y un proyecto de resolución
El tema fue abordado por la mandataria federal a propósito de la programación de la discusión de un proyecto de resolución. Este proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat.
El proyecto establece que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, basada únicamente en el delito imputado, es inconvencional. Propone una reinterpretación de la figura para que los juzgadores analicen caso por caso. El objetivo es que determinen si los imputados deben continuar sus procesos penales en la cárcel o no.
Conflicto con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Este criterio del proyecto coincide con los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Se mencionan específicamente los casos:
- García Rodríguez y otros vs. México
- Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México
En estos casos, la CorteIDH declaró que la forma en que se aplica la prisión preventiva oficiosa en el país no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. La incompatibilidad radica en que se aplica de forma automática si una persona es acusada de un delito del catálogo del artículo 19, sin considerar las particularidades de cada caso.
Estado del proyecto en la SCJN y postura de la oposición
El texto señala que el proyecto de resolución no tiene fecha fija de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta Sheinbaum reprochó que la oposición tenga la intención de que todo el tiempo se aplique únicamente la prisión preventiva justificada. Esta figura, se explica, es solicitada por el ministerio público y requiere que este ofrezca pruebas para su imposición. La crítica se centra en que la oposición busca esto “sin aportar mayores propuestas al conflicto de convencionalidad“.
En resumen, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defiende la continuidad de la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa para delitos graves, argumentando razones de seguridad y protección judicial. Esto se contrapone a un proyecto de resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat y a los criterios de la CorteIDH, que señalan la inconvencionalidad de la aplicación automática sin análisis caso por caso, generando un debate judicial en curso en torno al artículo 19 constitucional.
